Santo Domingo, D.N. – El senador por San Juan, Félix Bautista, sometió al Senado de la República un proyecto de ley para prevenir y prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, con el objetivo de que República Dominicana pueda negociar con Estados Unidos la reducción del arancel adicional que actualmente se aplica a sus exportaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La iniciativa busca que el país pueda equipararse con socios comerciales como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia, cuyas exportaciones hacia el mercado estadounidense están sujetas a una tasa de 10 %, frente al 12.5 % aplicado actualmente a República Dominicana.

Bautista sostiene que la diferencia de 2.5 puntos porcentuales representa un costo anual estimado de entre US$127 millones y US$182 millones para el sector exportador dominicano. De lograrse la reducción, el ahorro podría alcanzar los US$182 millones anuales, equivalentes a unos RD$10,920 millones, según el cálculo presentado por el legislador.

El senador explicó que este diferencial puede afectar especialmente a sectores como dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco y sus derivados, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado.

Advierte riesgo para las zonas francas

Bautista puso como ejemplo el sector de dispositivos médicos y farmacéuticos, donde unas 40 empresas instaladas en zonas francas exportaron hacia Estados Unidos el 72.2 % de su producción durante 2025.

Según explicó, estas compañías deben competir con fabricantes establecidos en México, que pagan una tasa de 10 % para ingresar al mercado estadounidense. La diferencia de 2.5 puntos, a su juicio, puede reducir la competitividad de las empresas dominicanas y generar incentivos para trasladar operaciones hacia países con menores costos de exportación.

“El diferencial de 2.5 puntos porcentuales que hoy paga la República Dominicana frente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo permanente: es una condición que se revierte con la aprobación de un instrumento legal claro”, afirmó.

El legislador consideró que, una vez aprobada la legislación, el Gobierno dominicano estaría en mejores condiciones para solicitar a Estados Unidos, mediante negociaciones diplomáticas, la eliminación del arancel adicional.

“De esta manera, aseguramos la competitividad de las exportaciones dominicanas que ingresan al mercado de Estados Unidos de los exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, y con ellos, los empleos de cientos de miles de dominicanos”, puntualizó.

Pide apoyo al Gobierno y al Congreso

Bautista solicitó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), instruir a los legisladores de esa organización para que respalden y aprueben el proyecto en el menor tiempo posible.

El senador anunció además que dará seguimiento a la iniciativa durante su conocimiento en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Diputados.

Asimismo, adelantó que sostendrá reuniones con representantes del sector exportador, las zonas francas y autoridades vinculadas al tema, entre ellas la Dirección General de Aduanas (DGA), los ministerios de Trabajo, Industria, Comercio y MiPymes, y Relaciones Exteriores.

¿Qué contempla el proyecto?

La propuesta establece un marco legal para prohibir la importación al territorio dominicano de mercancías producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

Entre sus principales disposiciones figuran:

• La prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso y mecanismos de trazabilidad para las cadenas de suministro.
• La participación de la DGA como autoridad encargada de tramitar los procedimientos y adoptar decisiones de prohibición.
• El Ministerio de Trabajo como autoridad técnica responsable de evaluar la existencia de trabajo forzoso.
• La presentación de una declaración jurada por parte del importador en la Declaración Única Aduanera (DUA).
• Un procedimiento administrativo con un plazo máximo de 90 días hábiles, ampliable hasta 100 días bajo determinadas condiciones.
• Medidas provisionales, incluida la retención temporal de mercancías, por hasta 45 días hábiles, prorrogables por otros 30 días.
• La creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso.
• Un mecanismo para levantar las prohibiciones cuando se demuestre el cese del trabajo forzoso, la reparación de las víctimas y la adopción de medidas para evitar su repetición.
• Multas de entre cinco y 100 salarios mínimos del sector público por declaraciones falsas, además de la posible suspensión del registro de importador.
• Obligaciones reforzadas de debida diligencia y trazabilidad para exportadores de sectores considerados de riesgo.

El proyecto también dispone la derogación del Decreto núm. 502-26, una vez entre en vigor su reglamento, y establece que la ley comenzaría a regir 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

La Sección 301 y el arancel dominicano

De acuerdo con la explicación ofrecida por Bautista, la medida adoptada por Estados Unidos bajo la Sección 301 estableció dos grupos de socios comerciales, tomando en consideración si habían adoptado y aplicaban eficazmente mecanismos para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Un grupo de 17 economías recibió una tasa de 10 %, mientras que República Dominicana quedó entre los países sujetos al 12.5 %.

Entre los países que obtuvieron la tasa preferencial figuran Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

En el grupo de países sujetos al 12.5 % se encuentran, entre otros, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, China, Perú, Venezuela, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea.

Bautista señaló que, aunque República Dominicana cuenta desde julio con el Decreto núm. 502-26, que estableció un procedimiento administrativo transitorio para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, este mecanismo no sería suficiente para alcanzar el estándar de “adopción y aplicación eficaz” requerido por Estados Unidos.

Exportaciones y empleos en juego

El senador destacó el peso que tiene el mercado estadounidense para la economía dominicana. Las exportaciones totales del país alcanzaron US$14,645 millones en 2025, un crecimiento de 13.4 % respecto al año anterior.

Estados Unidos representa entre el 52.5 % y el 53.5 % de las exportaciones dominicanas, de acuerdo con los datos citados por Bautista.

En tanto, las zonas francas exportaron US$8,425.9 millones en 2024, de los cuales US$6,117.2 millones, equivalentes al 72.6 %, tuvieron como destino Estados Unidos. Durante el primer trimestre de 2026, esa proporción ascendió al 73.5 %.

El sector de zonas francas también representa una fuente importante de empleos formales. A febrero de 2026 registraba 196,709 empleos directos, de los cuales el 54 % correspondía a mujeres.

Bautista agregó que 253 de las 843 empresas de zonas francas registradas al cierre de 2024, equivalentes al 30 %, son de capital estadounidense. A su juicio, esto demuestra que el arancel no solo impacta a los exportadores dominicanos, sino también a inversionistas estadounidenses establecidos en el país.

El legislador considera que la aprobación de una legislación contra el trabajo forzoso fortalecería la posición dominicana para negociar con Washington y buscar la eliminación del diferencial de 2.5 puntos porcentuales, con el propósito de preservar la competitividad de las exportaciones, atraer inversión y proteger los empleos vinculados al sector exportador.