Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 502-26, mediante el cual establece un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso, como parte de las acciones dirigidas a reforzar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La disposición faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir, mediante una decisión debidamente motivada, la importación de mercancías cuando existan evidencias de que fueron producidas utilizando trabajo forzoso.
El decreto también establece que estas medidas podrán aplicarse incluso a mercancías que ya hayan sido embarcadas hacia el país, permanezcan en puertos o se encuentren bajo cualquier régimen u operación aduanera previa a su ingreso definitivo al territorio nacional.
En esos casos, la DGA podrá ordenar la reexportación de los productos a su país de origen o a otro destino autorizado, así como su destrucción o cualquier otra medida prevista por la legislación vigente. Además, deberá mantener un registro administrativo de todas las mercancías cuya importación haya sido prohibida por esta causa.
Impulso a la cooperación internacional
La normativa contempla el fortalecimiento de la cooperación internacional mediante el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas con organismos y autoridades de otros países, con el objetivo de detectar e impedir el comercio de productos obtenidos mediante trabajo forzoso.
Coordinación entre instituciones
El Decreto núm. 502-26 también dispone la coordinación entre la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y demás instituciones competentes, para fortalecer los mecanismos de prevención y control en el comercio internacional.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la vigilancia sobre las importaciones y garantizar que los productos que ingresen al mercado dominicano cumplan con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos laborales y respeto a la dignidad humana.
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