La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, expresó su preocupación por el aumento de los feminicidios y los casos de violencia de género en República Dominicana y en la región, y reiteró el compromiso del sistema judicial de ofrecer respuestas efectivas a las víctimas dentro del marco del Estado de derecho y las garantías constitucionales.
La magistrada participó en el panel “La Paridad de Género en las Altas Cortes: Retos e impacto sustantivo en la administración de Justicia”, desarrollado durante el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Constitucional.
Durante su intervención, sostuvo que la perspectiva de género es una herramienta clave para identificar y corregir desigualdades históricas y estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. No obstante, enfatizó que su aplicación debe realizarse con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso.
“La creciente incidencia de los feminicidios nos obliga a reflexionar sobre el rol de la justicia y sobre la necesidad de seguir fortaleciendo mecanismos que permitan una respuesta oportuna, sensible y efectiva frente a la violencia de género, siempre dentro del marco de las garantías constitucionales”, afirmó.
Salcedo Fernández explicó que la perspectiva de género no representa una ventaja procesal para una de las partes, sino una metodología que permite a los jueces comprender contextos de vulnerabilidad y discriminación, favoreciendo decisiones más justas y libres de prejuicios.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios para la valoración de pruebas en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, garantizando decisiones sustentadas en evidencias válidas y suficientes, sin afectar el derecho de defensa ni la presunción de inocencia.
La magistrada citó la sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01308 de la Segunda Sala de la SCJ, que dispone que cuando el testimonio de la víctima constituye el elemento central de la acusación, este debe evaluarse conforme a parámetros objetivos, entre ellos la ausencia de incredulidad subjetiva, la persistencia incriminatoria y la corroboración periférica.
“La perspectiva de género, correctamente aplicada, fortalece la administración de justicia, porque permite proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin renunciar a los principios esenciales que sustentan un juicio justo y una decisión debidamente fundamentada”, señaló.
Durante el panel, también destacó los avances del Poder Judicial dominicano en materia de igualdad de género, indicando que este enfoque ha sido incorporado de forma transversal en áreas como planificación institucional, presupuesto, formación, gestión del talento humano, producción estadística, comunicación y prestación de servicios judiciales.
Según expresó, estos esfuerzos reflejan una visión institucional que reconoce la responsabilidad compartida de todas las áreas del sistema de justicia en la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y libre de discriminación.
El encuentro reunió a juezas y jueces de altas cortes de República Dominicana y de otros países de Latinoamérica y el Caribe.
