La Sociedad Dominicana de Urología atraviesa un proceso de cuestionamientos internos que ha generado preocupación entre parte de sus miembros. Las inquietudes se relacionan con solicitudes formales de certificación de miembros, requerimientos de información financiera, demandas en nulidad y suspensión de asambleas vinculadas al proceso eleccionario, así como cuestionamientos sobre modificaciones estatutarias.

Estos elementos no deben asumirse como conclusiones definitivas, pero sí como señales institucionales que ameritan respuestas claras, documentadas y oportunas. Uno de los puntos centrales es la falta de claridad sobre la composición de la membresía y la información financiera de la sociedad.

Conocer quiénes integran formalmente la SDU, bajo qué condición participan y cómo se han manejado sus recursos durante el período solicitado resulta esencial para sostener la confianza interna, validar procesos de convocatoria, quórum, votación y rendición de cuentas. En una sociedad profesional, la transparencia administrativa y financiera no debe verse como una confrontación, sino como una obligación básica frente a sus miembros.
A esto se suma la discusión sobre las elecciones de diciembre de 2025 y las modificaciones estatutarias cuestionadas.

Las demandas presentadas señalan presuntas irregularidades en aspectos como convocatoria, participación, conteo de votos, composición de la comisión electoral y presencia o ausencia de delegados del Colegio Médico Dominicano. También se cuestiona si los cambios estatutarios alegados por la SDU cumplieron con los procesos internos correspondientes, especialmente porque estos cambios impactarían su relación institucional con el CMD.

El Colegio Médico Dominicano también queda frente a una responsabilidad institucional, especialmente ante la impugnación presentada por el doctor Luis Gastón Miñiño Pimentel y ante la alegación de la SDU de que ya no sería filial del CMD, aunque esa relación ha sido discutida a partir de sus propios estatutos. En este contexto, el silencio o la falta de respuesta formal solo aumenta la incertidumbre.

La salida institucional más prudente es que tanto la SDU como el CMD aclaren, con documentos y conforme a los procedimientos correspondientes, el estado real de la sociedad, sus procesos electorales, sus finanzas y su vínculo gremial.