La Haya.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este lunes como un “absurdo antijurídico” el proceso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia por la soberanía de la región del Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica.

Durante su intervención en La Haya, Rodríguez sostuvo que una eventual sentencia del tribunal no ofrecerá “una solución definitiva aceptable para ambas partes”, sino que contribuiría a profundizar las diferencias entre los dos países.

“La controversia solo podrá resolverse mediante el diálogo directo y fórmulas mutuamente beneficiosas”, expresó la funcionaria, al insistir en que el conflicto debe abordarse a través de negociaciones bilaterales y no mediante una decisión judicial internacional.

En su primera salida oficial fuera del Caribe como presidenta encargada, Rodríguez reiteró ante la corte los argumentos históricos que Venezuela ha defendido durante las audiencias celebradas en años recientes. Según afirmó, Caracas apuesta por convertir la disputa “heredada del colonialismo” en una oportunidad de cooperación y desarrollo conjunto entre ambas naciones.

La funcionaria aseguró además que Venezuela presentó más de 3,000 folios de pruebas para sustentar la nulidad del laudo de 1899, pese a las supuestas limitaciones impuestas por Reino Unido.

“Venezuela ha aportado abundante evidencia, aun cuando el Reino Unido impidió nuestro acceso a fuentes probatorias y destruyó documentos históricos”, declaró.

Rodríguez también acusó a Guyana de intentar llevar a la CIJ a validar “un fraude ocurrido hace 127 años”, y advirtió que Venezuela no reconocerá un fallo que considere contrario al derecho internacional.

El diferendo territorial gira en torno al Esequibo, una región de aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales y administrada por Guyana desde hace más de un siglo, pero reclamada por Venezuela como parte de su territorio histórico.

La disputa llegó formalmente a la CIJ en marzo de 2018, cuando Guyana solicitó al tribunal declarar la validez jurídica y vinculante del Laudo Arbitral de 1899. Caracas, por su parte, sostiene desde 1962 que ese acuerdo fue resultado de irregularidades y, por tanto, carece de legitimidad.

Aunque Venezuela rechazó inicialmente la jurisdicción de la corte y anunció que no participaría en el proceso, la CIJ determinó en diciembre de 2020 que sí tiene competencia para conocer el caso. Posteriormente, en abril de 2023, el tribunal desestimó nuevas objeciones venezolanas y ratificó que puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

Las tensiones entre ambos países aumentaron en 2023 luego de que Guyana solicitara medidas cautelares por el referéndum impulsado por Caracas para crear el denominado estado de “Guayana Esequiba”, correspondiente al territorio en disputa.