Gobierno, violencia y sociedad

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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El país parece enfrentar una oleada de violencia social y delincuencia callejera que tiene a muchos en un constante sobresalto. Desde la agresión y asalto a Francina Hungría, hace algún tiempo, hasta el más reciente caso de dos damas y una niña víctimas de antisociales en un barrio de clase alta de Santo Domingo, ambos casos a plena luz del día, confirman que los delincuentes no temen a las consecuencias que derivan de sus hechos vandálicos.
 
Por momentos, da la impresión de que la situación descontrolada de la delincuencia y la manera impune en que actúa se le han ido de las manos a las autoridades y constituyen un desafío a la seguridad individual. Sus víctimas suelen ser las piezas más débiles del tejido social: mujeres, jóvenes, niñas y ancianos. Sus tropelías tienen como escenario vecindarios con residentes de mayor poder adquisitivo en las ciudades del país; y en otros casos, simples víctimas pobres de barrios marginados.
 
¿Cómo enfrentar el reto que la delincuencia y la criminalidad plantean a las autoridades y al Gobierno, cuya responsabilidad es garantizar la seguridad ciudadana, sus bienes y propiedades? Cómo sacar de circulación a elementos peligrosos, nocivos y reincidentes? ¿Por dónde empezar con hechos tangibles y no con simples parches burocráticos y leyes leguleyas? ¿Y cómo reforzar la efectividad del brazo de la Justicia y de sus protagonistas a pesar de sus debilidades?
 
Se necesitan soluciones prácticas y efectivas. En primer lugar, el Gobierno debe demostrar con hechos su voluntad para enfrentar con determinación a los antisociales, y no con agua tibia. Una primera medida sería que el presidente Danilo Medina prohíba por orden administrativa dos personas a bordo de una motocicleta de alta cilindraje. No se trata de los motoconchistas con sus documentos en regla, debidamente registrados por la ley y cuya petición fue planteada públicamente por la periodista Rose Mary Santana.
 
Nos referimos a elementos o individuos con perfil sospechoso que transitan en motocicletas a horas del día y de la noche sin ninguna identificación visible. En la mayoría de los casos son delincuentes potenciales que suelen ocultar un prontuario delictivo perturbador y por lo general buscan presas débiles, solitarias y fáciles a las entradas y salidas de parqueos, viviendas, edificios y calles poca alumbradas y semi desiertas, en el mejor de los casos.
 
Hace falta también que la Justicia imponga decisiones más contundentes que vayan mucho más allá de la simple coerción o limitación de libertad provisional por tiempo definido, que permitan procesar a dichos malandros con una pena de prisión extendida según sea la gravedad del delito cometido. Las autoridades deberían considerar la posibilidad de construir un penal con poca o ninguna comodidad y con al menos 500 módulos en Isla Beata o Isla Saona, para sacar de circulación y de la sociedad por largo tiempo a los antisociales más perversos e incorregibles.
 
Como en algunos casos ciertos magistrados se sienten impotentes, cohibidos o amenazados para ejercer su función en beneficio de la sociedad y enfrentar de manera drástica a los sanguinarios antisociales, sería recomendable adoptar tribunales sin rostro. Es decir, jueces anónimos, cuya identidad no sea revelada, que impartan justicia con severidad, sin temor para ellos ni sus familiares.
 
Por último y no menos importante: la Policía Nacional cuenta con cerca de 34-mil efectivos para vigilancia y prevención en 48-mil kilómetros cuadrados. Muchos de ellos prestan servicios a particulares, lo que no aporta un beneficio a la sociedad. Si dividimos esa cantidad en cuatro regiones del país, para una población total de diez millones de habitantes, sería equivalente a ocho agentes y medio por cada diez mil ciudadanos. En términos de números, resulta imposible para un cuerpo del orden de esa magnitud garantizar la seguridad ciudadana en ese territorio.
 
La ciudadanía apoya las patrullas mixtas, la confiscación de armas ilegales y los puntos de verificación de documentos. Pero ningún gobierno serio del planeta puede asegurar vidas, bienes y propiedades en esa desigualdad de personal y en condiciones precarias para enfrentar la embestida de la delincuencia armada, organizada o desorganizada, y menos en las zonas de más incidencia de los antisociales que suelen ser los lugares donde mayor cantidad de dineros, bienes y servicios fluyen y están disponibles para la población. Sólo falta voluntad política para evitar que la sangre siga llegando al río.