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Organismos internacionales discrepan Plan Regularización

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Tras concluido el plazo para que los extranjeros, en su mayoría haitianos, que permanecen en el territorio dominicano de manera ilegal normalizaran su estatus migratorio mediante el Plan Nacional de Regularización, y con la advertencia de que quienes no lo hicieran se arriesgaban a ser deportados, la comunidad internacional puso su mirada en la República Dominicana con el propósito de evitar cualquier tipo de maltrato o violación a los derechos de los indocumentados.
 
Después de varias prórrogas y 18 meses de implementación del programa, desde el 17 de junio cuando oficialmente finalizó el programa, muchos haitianos decidieron por cuenta propia abandonar el país y cargar con todos sus ajuares hacia la vecina isla de Haití. Por lo que queda más que evidente ante los ojos del mundo que hasta el momento no ha sido necesaria la repatriación masiva de ilegales.
 
No obstante a eso, el Gobierno dominicano habilitó siete centros de acogida para la depuración y evaluación final de cada uno de los casos de manera particular. Esos centros están ubicados en el Distrito Nacional (Vacacional de Haina), provincia Santiago de los Caballeros, Benedicto (provincia La Altagracia), Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón”.
 
“En cada uno habrá un equipo profesional interdisciplinario (ambulancia con equipos médicos, abogados, intérpretes, personal de inteligencia, asistencia social, logística, etc.) para agotar todas las fases previas a la deportación y garantizar el debido proceso, la individualización de los expedientes, la estrecha comunicación entre los ministerios de Relaciones Exteriores y las embajadas de los países con ciudadanos en situación migratoria irregular”, explica en un documento titulado “Plan de Acción de Política Migratoria 2015-2016”, la Dirección de Migración.
 
Opiniones
Algunas entidades extranjeras como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), representada en el país por Cy Winter, valoró como positiva la aplicación del Plan Regularización. Expresó sentirse “muy contento” con los resultados y agradeció al pueblo dominicano por haber logrado registrar más de 70 mil personas de las previstas.
 
También la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la República Dominicana, Luciana Mermet, apreció este jueves los esfuerzos hechos por las autoridades de República Dominicana, antes y después del Plan Regularización de Extranjeros.
 
“En materia de ese mecanismo, el PNUD considera que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en esta temática”, apuntó Mermet.
 
La discordia
Este miércoles, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) u Observatorio de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, presentó un informe, junto a decenas de haitianos del grupo Reconoci.do, en el que acusa a la nación de ejecutar deportaciones masivas contra sus descendientes nacidos aquí.
 
“La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos, y a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera”, manifestó Vivanco en rueda de prensa.
 
Las reacciones no se hicieron esperar e inmediatamente los periodistas atacaron con una batería de preguntas a José Miguel Vivanco, en la que le retaron a presentar pruebas sobre las supuestas deportaciones masivas y el porqué HRW tiene una campaña en contra del país y no cuestiona las repatriaciones de haitianos desde Bahamas y otros Estados.
 
Naturalmente que el director ejecutivo HRW no supo qué decir y optó por abandonar el salón del hotel Crowne Plaza, donde se realizaba la actividad y solo se limitó a exhortar a los reporteros que leyeran con detenimiento el informe.
 
Gobierno y sectores contraatacan
Ante tales pronunciamientos, el Gobierno dominicano calificó de “mentiroso” el informe del HRW y el director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena expresó: “No podemos tolerar que cualquier persona venga, diga mentiras, pretenda hacerle daño a la República Dominicana y no obtenga una respuesta.
 
“Usted tiene libertad para decir, pero debe saber también que si nos falta el respeto, sepa usted que nos va a tener de frente y que le vamos a responder”, agregó Rodríguez Marchena durante su intervención telefónica a un programa de radial.
 
Asimismo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, consideró que HRW hizo una denuncia de un hecho ficticio y que está poniendo la “carreta delante de los bueyes. Que espere que el Estado actúe y verifique si eso ocurre”.
 
En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, tildó de “infame, mentiroso y prejuiciado” el documento presentado por José Miguel Vivanco.
 
“Lo que sí puedo asegurarles es que es una infamia, es una creación, con la cual están pretendiendo presionar a la República Dominicana para que se haga cargo de los problemas de Haití”, precisó.
 
Mientras que el ministró de Interior y Policía, José Ramón Fadul, afirmó que el país está abierto a la visita de cualquier organismo extranjero que quiera conocer la realidad de la política migratoria, “porque no hay nada que ocultar”.
 
Lamentablemente, los organismos internacionales les están buscando la “quinta pata al gato” para ver de qué forma atacan la imagen y la labor que ha hecho la nación con la regulación de ilegales, razón por lo cual el escenario y la realidad es la misma, pero cada entidad lo ve de la forma en que desea hacerlo, no como realmente es.

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