El Colegio Dominicanos de Periodistas (CDP), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa deben crear una comisión especial que investigue la cantidad de periodistas sometidos a la justicia por alegada difamación e injuria.
Actualmente un número significativo de periodistas tienen expedientes en los tribunales porque en los medios que dirigen se han referido a imputaciones sobre alegados actos de corrupción cometidos por funcionarios y ex funcionarios que aparecen en documentos oficiales como son las auditorías de la Cámara de Cuentas, sometimientos a la justicia y expedientes donde figuran los nombres de los que dicen son difamados.
El blanco para poner esta embestida en marcha son los periodistas que combaten la corrupción y el narcotráfico.
El Código de Ética del CDP en el artículo 19 es lo suficientemente claro sobre el derecho del periodista a expresarse y ejercer un periodismo libre.
El mismo dice así, el periodista deberá fomentar la fraternidad entre sus colegas, respetar su reputación y brindar solidaridad y amparo a los que sufran vejámenes en el ejercicio de su profesión, persecución por razón de sus ideas y opiniones y cualquier ataque físico en el cumplimiento de su labor profesional.
En función de eso Olivo de León, presidente del CDP y José Beato, Secretario General del SNTP tienen que asumir un papel protagónico en la defensa de este artículo y los colegas que los quieren silenciar utilizando la censura judicial mediante sometimientos a los tribunales violando la Constitución y la ley 1091 sobre la colegiación de los periodistas.
Ciertamente, una persona, funcionario, legislador o entidad tiene derecho a defender su honra. Ahora bien, a lo que no tienen derecho es a aterrorizar porque en los casos donde los periodistas se han referidos a las auditorias de la Cámara de Cuentas, expedientes y otros documentos a quienes se debería someter a los que dirigen esas dependencias no a los hombres y mujeres de los medios de comunicación que opinan y escriben tomando como base esos documentos.
En el libro una prensa sin ataduras resalta, el derecho de la gente a expresarse por medio de una prensa libres es uno de los rasgos distintivos de una sociedad democrática.
Resaltando más adelante que la prensa y el gobierno son adversarios naturales que realizan funciones diferentes, y cada uno de ellos debe respetar el papel del otro.
Más claro de ahí ni el agua.
Tenemos que rechazar las pretensiones de los que se creen reyes y señores del país que pueden saquear las arcas nacionales amparados en el poder económico, político gubernamental y de cualquier otra índole.
El momento es para una gran unidad en defensa de la libertad de expresión y el ejercicio profesional.
Que cada quién de un paso adelante y el CDP junto al SNTP inicien los combates. No se puede aceptar el chantaje judicial.
Así no Magino.
Censura judicial contra la prensa
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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