LF deja manchas indelebles en campo, MA y vivienda

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Reparaciones de caminos vecinales, tierras para los campesinos, respeto al medio ambiente y derecho a la vivienda coexistieron en los reclamos de la población de la República Dominicana, los cuales quedarán como manchas indelebles en las páginas de los mandatos presidenciales de Leonel Fernández.
 
Las marchas, piquetes y concentraciones  concurrieron en las diferentes ciudades, municipios y distrito municipales del país, para exigir del Estado dominicano y sus autoridades una reforma agraria integral y relanzar la producción agrícola nacional.
 
También las protestas llegaron a las instituciones gubernamentales a fin de demandar el derecho de la población a una vivienda digna y la suspensión de los desalojos en las distintas localidades.
 
Otras circunstancias que tuvieron lugar a lo largo y ancho de la República Dominicana durante las gestiones de Fernández, fueron las movilizaciones para emplazarlo a respetar el medio ambiente y las aéreas protegidas, debido a que en sus períodos es donde mayor cantidad de concesiones mineras han existido.
 
Entre las adjudicaciones que más inquietaron a la sociedad dominicana  se encuentran: la autorización para extraer agregado en el río Yuna, por la empresa Osoria y Asociados, en Bonao, provincia Monseñor Nouel; así como el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para levantar una cementera en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises, en el año 2008, en el distrito municipal de Gonzalo, Monte Plata.
 
De igual forma, el contrato por parte de la multinacional Barrick Gold, para explotar oro en la vieja mina Rosario Dominicana, en Pueblo Viejo, Sánchez Ramírez.
 
Todos estos permisos fueron criticados por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencia de la República Dominicana (ACRD),  y otros sectores sociales del país, por entender que ponen en riesgo el sistema ambiental de la nación.
 
Movimientos Campesinos
 
La Articulación Nacional Campesina (ANC), que agrupa a diversas organizaciones, entiende que en las gestiones presidenciales de  Leonel Fernández concurrieron de manera desastrosa factores que afectaron la producción agrícola y ganadera, y que solo se beneficiaron las grandes empresas exportadoras de alimentos.
 
Luis Cabrera, miembro de la ANC, precisa que en la República Dominicana el 1% de las explotaciones agroindustriales están concentradas y que el 45% de la tierra útil para las siembras y la ganadería se encuentra en manos de cinco a diez familias poderosas.
 
Cabrera indica que los proyectos de asentamientos solo cubren apenas un 20% de las tierras productivas y sostiene que es donde se genera el 65% de los alimentos que se consumen en el país.
 
Señala, además, que los aspectos que contribuirían a reducir la desnutrición y la pobreza en la nación implican priorizar la producción agrícola con el derecho a las tierras por parte de los campesinos; facilitar el acceso al agua; semillas; créditos blandos; reparación caminos vecinales y asistencias técnicas; así como la protección a las importaciones agrícolas.
 
Medio Ambiente
 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), alzó su voz nuevamente en defensa de los recursos naturales del país al denunciar que se encuentran concesionados para asuntos mineros en más de la mitad del territorio nacional.
 
Durante la celebración el pasado 5 de julio del Día Mundial del Medio Ambiente, la academia llamó la atención al Gobierno a través de  la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la UASD, sobre la explotación de los recursos. Mateo Aquino Febrillet, rector de la UASD, dijo que la fecha es propicia para reflexionar sobre la amenaza que representa el cambio climático, la deforestación, el deterioro de los recursos hídricos, la erosión de los suelos y la degradación de la calidad ambiental en general.
 
Precisó que la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, es la sede de Río+20, donde los países debaten la necesidad de un nuevo modelo económico que incorpore criterios de equidad social y sustentabilidad ambiental en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible.
 
Febrillet recordó que a lo largo de los años, la casa de altos estudios  ha enfrentado en cada lugar las posibles entregas del territorio a emporios extranjeros para el aprovechamiento básicamente del oro.
 
Viviendas
 
Datos de organizaciones y de las ONG coinciden en que República Dominicana necesita más de un millón de viviendas; pero, que una de las circunstancias que dificulta enfrentar dicho déficit habitacional es la baja inversión del Presupuesto Nacional para ese sector.
 
Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, afirma que el déficit habitacional actual es de alrededor de un millón de viviendas, situación que afecta más a los sectores de clase media y baja, quienes se ven impedidos de poder acceder a tan importante derecho.
 
“La ausencia de una política de vivienda social y la baja inversión del Presupuesto Nacional,  que en los últimos 10 años no llega al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y para el 2012 solo contempla el 0.01% dificulta la edificación de nuevas viviendas”, indica Batista.
 
El director ejecutivo de Ciudad Alternativa recuerda que también los elevados precios de los materiales de construcción, pese a tener en el país los principales componentes para levantar los inmuebles, impiden que la población obtenga una vivienda digna, la cual, según el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), oscila entre los dos millones de pesos.
 
Desalojos
 
Unido a la falta de una infraestructura habitacional, los desalojos marcaron una etapa de sufrimiento en la vida de cientos de familias en los últimos ocho años de la gestión de Fernández.
 
Entre los casos que más transcendieron se pueden mencionar: las 38 familias sacadas el 11 de noviembre de 2011 de sus viviendas, en la Cueva de Agua y  Las Galeras de Samaná, así como las 78,  en Los Altos de Brisas del Este, el 14 octubre de ese mismo año, donde  resultó herido por impactos de municiones el legislador Juan Hubieres, miembro de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuando se oponía al expulsión  de los comunitarios.
 
El Foro Social Alternativo (FSA), y varias organizaciones populares aseguran que esa situación se produce contantemente en todo el territorio nacional y que las provincias más afectadas son: Samaná, Nagua, Villa Mella,  Monte Plata y el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo.
 
Víctor Jerónimo, vocero del FSA, afirma que el Gobierno solo beneficia  a los poderosos de los terrenos fuera de riesgos, donde los pobres no tienen cabida y acusa a los ejecutivos del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), de haber vendido prácticamente todos los ingenios y regalado  sus tierras a militares y funcionarios públicos.
 
Las organizaciones campesinas, ambientales e instituciones no gubernamentales tienen la esperanza de que estos temas sean colocados en la agenda nacional de los nuevos incumbentes que asumirán la dirección del Estado el próximo 16 de agosto del presente año.