Las grabaciones telefónicas e intervenciones de correos electrónicos están a la orden del día en República Dominicana y la situación es tan peligrosa y delicada que ni los organismos de seguridad del Estado, que son presumiblemente inviolables, escapan.
DominicanosHoy maneja informaciones que dan cuenta de que varias entidades gubernamentales, grupos empresariales y sin fines de lucro, así como particulares, han corrido con la mala suerte de que le hayan interceptado llamadas telefónicas y/o correos personales e institucionales.
Ello constituye una violación a la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, que dispone de los instrumentos y el régimen de sanciones para garantizar el derecho de intimidad, establecido en el artículo 44 de la Carta Magna.
El caso más reciente fue expuesto públicamente por el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), periodista Roberto Lebrón, quien alertó que: “un impostor está enviando notas de prensa a los medios de comunicación, haciendo creer que son producidas en la entidad que represento, con el propósito de extorsionar a comerciantes ligados al negocio de fármacos controlados”.
Las autoridades pertinentes abrieron una investigación en torno a este último caso; pero, aún no se sabe quiénes, ni dónde están ubicados los inescrupulosos individuos capaces de hackear teléfonos y correos de organismos que responden a la seguridad nacional.
Los encargados de las pesquisas tendrán que apresurarse en asumir medidas urgentes, porque a la inseguridad ciudadana se suma la telefónica y cibernética y eso -lo sabemos bien-, es muy peligroso para la sociedad dominicana.
Se recuerda que al dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, y al ex coronel Pedro Julio Goico Guerrero, se les grabaron conversaciones telefónicas, sin la aprobación de un juez, que luego fueron usadas en su contra.
Además, varios periodistas, incluso propietarios y directores de reconocidos medios de comunicación digital, han denunciado que sus correos electrónicos han sido intervenidos por maliciosos. Otros se han visto en la obligación de cambiar sistemáticamente las contraseñas de sus e-mails.
Esta situación ha llegado tan lejos en el mundo, que la excandidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, fue víctima de una intrusión en su cuenta de correo electrónico de Yahoo. El hacker reveló que su único trabajo fue cambiar el “password” de la afectada, así de fácil.
Se deben tomar en cuenta las declaraciones de la jueza de la Suprema Corte de Justicia (JCE), Esther Agelán Casasnovas, escritora de la obra “Ciberdelincuencia y política criminal”, quien advierte que el país se encuentra “en estado de vulnerabilidad” ante el desafío que plantea la delincuencia a través de la red de Internet.
República Dominicana ha logrado un gran adelanto tecnológico; pero, igual ha subido de nivel la transgresión en las redes, por lo que hay que establecer mecanismos de educación y controles que puedan proteger a la sociedad de ese peligro.
Cabe destacar que cerca de cuatro millones de dominicanos tienen acceso a la Internet y la mayoría posee correos electrónicos gratuitos, vulnerables a la alta inteligencia tecnológica de individuos sin pudor, que pueden hacer cualquier “triquiñuela” en su contra.
La alerta debe ser atendida con rapidez, puesto que esto, igualmente, se presta a la pornografía infantil, acoso sexual y clonaciones de tarjetas bancarias, todo perjudicial para una nación que requiere de paz y sosiego.
En este país, ninguna persona está exonerada de que un día cualquiera observe impotente cómo su cuenta de correo ha sido hackeada. El pobre esfuerzo que han hecho las autoridades para detectar a los “malandros” que se prestan a este delito, contrasta con la Constitución, que ampara la “intimidad personal” de dominicanas y dominicanos.
