Quito.- En aparente tranquilidad la capital ecuatoriana se prepara hoy para una nueva prueba de fuerza, entre quienes pretender cambiar el rumbo del gobierno y los que han demostrado ocho veces en las urnas su respaldo a la Revolución Ciudadana.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, visitó anoche a unas 200 personas que integran desde hace días la denominada «vigilia por la democracia» en la quiteña Plaza de la Independencia, para impedir cualquier intento de tomar el Palacio de Carondelet o la Catedral.
Este jueves, afirmó el mandatario, miles de ecuatorianos defenderán el Estado de Derecho en Ecuador y «no permitiremos que nos quiten por la fuerza lo que hemos logrado en estos años», en referencia a la movilización opositora, liderada por dirigentes indígenas y políticos.
Correa agradeció las demostraciones de respaldo que en las últimas semanas emergieron en todo el país, y criticó que durante la caminata opositora se haya agredido a periodistas de medios públicos que cubrían la noticia.
«Si quieren imponer sus agendas políticas, háganlo democráticamente», exigió a los líderes de la marcha que llegó este martes a la capital y cuyos dirigentes afirmaron en rueda de prensa no tenían intenciones de provocar incidentes violentos como esperan muchos capitalinos.
El Ministerio de Educación informó la suspensión hoy de la jornada educativa en el sector de mayor riesgo de conflictos, por la concentración de marchas con objetivos opuestos en el centro histórico capitalino y sus alrededores.
Un amplio grupo convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y su filial de la sierra (Ecuarunari) se encuentran concentrados desde anoche en un centro educativo del sur de la capital, desde donde saldrán temprano hacia el Parque El Arbolito.
El cuestionado prefecto de la provincia Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, advirtió que llegarán hasta el parque El Arbolito «cueste lo que cueste», mientras desde anoche otros cientos de personas defensoras del gobierno se concentran en el mismo lugar.
La ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, recalcó que «el Gobierno garantiza la libertad de expresión en un marco de paz, porque eso enriquece el proceso democrático que está viviendo el país», pero denunció la existencia de intereses golpistas.
Es evidente, afirmó, que políticos opositores con pretensiones electorales pretenden aprovechar la marcha indígena para desestabilizar el Gobierno y provocar incidentes de tintes golpistas, más allá de plantear demandas al Ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, dijo estar dispuesto a recibir a los dirigentes indígenas con su pliego de demandas, como hizo con la progubernamental Red Agraria que entregó la víspera un proyecto socializado de Ley de Tierras.
