La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió el recurso de casación interpuesto por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), contra la decisión dictada por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción, Román Hiciano Berroa, mediante la cual había establecido la prescripción de las infracciones atribuidas a los imputados José Lois Malkún, Félix Calvo Peralta y Apolinar Veloz de la Rosa, consistentes en la distracción de 10,600 millones de pesos en pagarés del Banco Central.
Con esta decisión, los jueces de la Cámara Penal de la Suprema declaran procedentes los planteamientos formulados por Hotoniel Bonilla, en cuanto a que los hechos de corrupción no prescriben en el término ordinario de cinco años, como estableció el Juez Hiciano Berroa, sino en el plazo mayor de diez años; por tratarse de infracciones graves.
Además, procedió a desapoderar al referido magistrado, enviando el asunto por ante la Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del D.N., para que apodere a otro tribunal distinto al que dictó la decisión.
En ese sentido, al referirse a la sentencia, Bonilla, director de la DPCA, argumentó que “el tribunal que resulte apoderado deberá conocer en forma íntegra la acusación del Ministerio Público, lo que constituye un revés para la intención de los implicados en estos hechos graves de procurar impunidad a través de interpretaciones erráticas del procedimiento penal”.
Asimismo, reiteró su criterio de que los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia han mantenido una visión clara de la gravedad de los hechos de corrupción.
La DPCA sindica a los imputados haber distraído la suma de 10,600 millones de pesos, a través de la sustracción de pagarés del desaparecido Bancrédito, que debieron ser depositados en la bóveda del Banco Central durante la gestión de Malkún.
