El Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Víctor D’Aza, puso en duda que el Plan Nacional de Asfaltado anunciado por el Gobierno pueda materializarse, aduciendo que el mismo sólo responde a coyunturas que buscan hacerle frente a las protestas desencadenadas en diversas provincias del país.
Insistió en que todavía las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no han llamado a los ayuntamientos para materializar la coordinación de los trabajos y dijo que el Plan de Asfaltado sólo ha quedado en anuncios.
“Yo no tengo fe en ese plan de asfaltado. Hace un tiempo que nos reunimos con el secretario de Obras Públicas y nos habló de las licitaciones pero no se ha vuelto a reunir, no ha dado seguimiento a este plan”, declaró D’ Aza, al participar en el programa “En Contacto con Daniel Candelario”, que se transmite por Santo Domingo TV, Canal 69 UHF y 24 en los sistemas de cable.
Sin embargo, el ejecutivo de la Fedomu, dijo que desearía que su posición estuviera errada para que el plan beneficie a toda la población.
En otro orden, D’ Aza descartó que los ayuntamientos estén detrás de los movimientos huelguísticos que se producen en el país, como afirmó el Superintendente de Seguros y dirigente Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euclides Gutiérrez Félix.
“Es una opinión apartada de la realidad, porque los ayuntamientos, por el contrario, son los que sirven de muro de contención a diversas protestas, incluso los cabildos son una especie de apagafuegos de algunas comunidades”, explicó.
El director ejecutivo de la Fedomu, también reiteró sus críticas a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que prohíbe a los cabildos cobrar un impuesto de un tres por ciento a las empresas telefónicas por el uso del suelo, aunque explicó que no la ve como un revés para la entidad porque el pago del arbitrio no fue declarado inconstitucional.
Manifestó que esa sentencia prohíbe a los ayuntamientos realizar una doble tributación, contrario a lo que ocurre en otros países, tomando como referencia el hecho de que las empresas telefónicas pagan al Gobierno Central un 28 por ciento en impuestos.
Insistió en que los ayuntamientos son los encargados de normar el uso de suelo, aunque la sentencia rompe con una corriente internacional.
“Mientras el Supremo Tribunal de Justicia de España decide que los ayuntamientos reciban un tributo por la telefonía móvil, aquí en nuestro país, la Suprema le dice a los ayuntamientos que no pueden cobrar el tributo cuando estas empresas rompen el suelo, la calzada, colocan cables, y postes”, explicó.
Dijo que en virtud del principio de co-participación de los impuestos nacionales, los cabildos solicitarán al Gobierno Central la entrega del tres por ciento del monto cobrado en impuestos a las empresas de telefonía.
“Fedomu plantea constantemente que se cumpla con la ley y el país disfrutará de los beneficios si el Poder Ejecutivo cumple con la entrega del tres por ciento, pero además de todos los impuestos de vocación municipal, no es sólo el de las telefónicas, también está el del cobro de las placas y otros”, adujo.
D’Aza agregó que el Gobierno tampoco cumple con la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos, que fija el monto de un 10 por ciento para los cabildos, y dijo que apenas reciben poco más de un seis por ciento.
Indicó que la negación del Gobierno para otorgar el porcentaje establecido obedece a “cuestión de convicción errada y la falta de una visión centralista de los presidentes de turno, que no creen en la descentralización y que entienden que descentralizar es perder poder”.
