Barcelona (España).- El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), Francisco Soberón, dijo hoy que el presidente peruano, Alan García, se ha aliado con piezas claves del fujimorismo para "encubrir violaciones graves a los Derechos Humanos" durante su anterior Gobierno (1985-1990).
En declaraciones a Efe, Soberón explicó que esa relación se pone de manifiesto con la presencia del "profujimorista" Luis Giampietri como vicepresidente del gabinete de García.
Giampietri, vicealmirante retirado, fue jefe de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada que asaltaron en 1986 la isla penal de El Frontón para enfrentar una serie de motines durante la celebración en Lima de la Cumbre de la Internacional Socialista, en el primer año de gobierno de García.
En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado peruano una investigación sobre los hechos, en la que García y Giampietri fueron citados como testigos.
Sin embargo, el abogado de las víctimas de El Frontón, Carlos Rivera, manifestó ese año que Giampietri fue incluido en la investigación.
Según Soberón, la alianza entre el partido de Gobierno, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), y el fujimorismo, es lo que explica que sus dirigentes "estén en permanente campaña contra los organismos de Derechos Humanos y contra la Comisión de la Verdad".
El presidente de APRODEH dice que el gabinete de García manifestaría la ausencia de ese vínculo si diera muestras de voluntad política para poner en marcha los juicios pendientes contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), contra quien se podrían iniciar dos nuevos procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
"Para que puedan procesarse en Perú, el ejecutivo peruano debe solicitar la ampliación de la extradición a la Corte Suprema Chilena", una acción que aún no ha iniciado el Gobierno de Alan García, explica Soberón.
Para el activista, el apoyo social del fujimorismo en Perú responde al impacto que dejó en el país una década de gobierno populista, durante la cual se prestó atención a las carencias más básicas de los sectores rurales.
A esa atención se suma la derrota de los grupos subversivos, sobre la cual -dijo- se tiene una idea deformada.
"Hubo operaciones limpias, como la captura de toda la cúpula de Sendero Luminoso. Pero eso no justifica que el Estado responda con barbarie frente a la barbarie de Sendero", añadió.
Para Soberón, el primer juicio contra Fujimori ha enseñado que "para enfrentar, como es legítimo, un fenómeno subversivo y de terror es necesario actuar dentro de la ley, respetando los derechos humanos de todos los peruanos".
Fujimori cumple una condena por allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su colaborador Vladimiro Montesinos y además tiene una sentencia de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos.
Sobre las posibilidades de avance del movimiento fujimorista, Soberón aseguró que a su principal abanderada, Keiko Fujimori, hija del ex gobernante, "no se le conoce propuesta alguna" aparte del indulto a su padre.
Soberón expresó su confianza en que el resultado de estos procesos judiciales "cree conciencia cívica de lo que significa un régimen autoritario y autocrático", y pongan de manifiesto que las acciones positivas de un gobierno no justifican ningún tipo de corrupción o de violación de los derechos humanos.
