Sucre (Bolivia).- La Corte Suprema de Bolivia inició hoy el juicio contra el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por las más de 60 muertes ocurridas en el "octubre negro" de 2003, en medio de una movilización de unas 200 personas entre activistas y damnificados en apoyo de este proceso.
El presidente del Tribunal de Sentencia, el magistrado Ángel Irusta, instaló la audiencia del juicio oral sobre las 10.00 hora local (14.00 GMT), con ocho de los 17 imputados presentes en la sala.
El principal ausente es precisamente el ex presidente Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos, a quien se acusa de nueve delitos, entre ellos el de "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación local.
También están ausentes tres ministros de esa administración que viven en EE.UU., otros tres que recientemente consiguieron asilo político en Perú y, según la prensa local, uno más se encuentra en España y se desconoce la residencia de otro.
A la audiencia sí se personaron los ex ministros de Medio Ambiente Erick Reyes Villa, de Trabajo Adalberto Kuajara y de Servicios Financieros Dante Pino, además de cinco miembros del alto mando militar de la época en que se produjeron las muertes, durante la represión a una serie de protestas.
El abogado de los familiares de las víctimas de la masacre del 2003, Rogelio Mayta pidió al tribunal la declaración de rebeldía de los imputados ausentes y en consecuencia, el inicio del tramite de extradición desde los países en que se encuentren.
El Tribunal de Sentencia declaró un intermedio para analizar en las próximas horas esa petición y otra solicitada por la defensa del ex ministro Jorge Torres Obleas, asilado en Perú, para que no se inicie el proceso en su contra.
En tanto, a las puertas de la Corte Suprema dos centenares de personas dirigidas por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, ciudad donde se produjo la mayor cantidad de muertes, se han manifestado para exigir justicia y el encarcelamiento de Sánchez de Lozada.
Entre ellos, hay algunas personas que quedaron mutiladas por los disparos de los militares durante la represión a las protestas producidas entre septiembre y octubre de 2003.
La Corte Suprema de Bolivia habilitó una sala para que decenas de las víctimas puedan seguir mediante en circuito cerrado el desarrollo del juicio que se realiza en un salón contiguo.
