Toda política de Estado necesita coherencia para poder sostener credibilidad ante su población. Cuando las decisiones parecen contradictorias, aunque tengan explicaciones técnicas o diplomáticas, el ciudadano común comienza a desconfiar del discurso oficial.
Eso es precisamente lo que ocurre con el debate migratorio abierto en la República Dominicana tras conocerse el acuerdo firmado con los Estados Unidos dentro del marco regional denominado “Escudo de las Américas”.
Según han informado la Cancillería dominicana y distintos medios nacionales, el país aceptará de manera temporal el ingreso de deportados procedentes de terceros países mientras se coordina su retorno a sus lugares de origen.
También se ha explicado oficialmente que no incluiría haitianos ni menores no acompañados y que los costos serían cubiertos por las autoridades norteamericanas.
Todo eso puede documentarse y verificarse públicamente.
Sin embargo, más allá del aspecto jurídico o diplomático, el debate real está en la percepción nacional. Porque mientras se intensifican las repatriaciones de nacionales haitianos ilegales —muchos de ellos vinculados desde hace años a labores agrícolas, construcción y servicios— simultáneamente el país acepta participar en un mecanismo regional relacionado con deportados provenientes de territorio norteamericano.
Ahí surge la contradicción que mucha gente percibe.
No se trata necesariamente de rechazar la cooperación internacional. La República Dominicana tiene derecho soberano a mantener acuerdos estratégicos con los Estados Unidos y con cualquier otra nación. Eso ocurre en toda América Latina.
Hay países que han asumido en distintos momentos funciones de contención o recepción migratoria dentro de esquemas impulsados por Washington.
El problema aparece cuando la narrativa oficial pierde uniformidad.
Si el argumento central ha sido durante años la defensa del territorio, la presión sobre los servicios públicos y la necesidad de mayor control migratorio, entonces el Estado tiene la obligación de explicar con absoluta claridad por qué una situación representa una amenaza y la otra no. Porque en política pública no basta con actuar; también hay que convencer.
La credibilidad institucional depende muchas veces de la coherencia entre el discurso y los hechos.
La población observa detalles que muchas veces los técnicos pasan por alto. Observa que un trabajador ilegal es detenido y deportado, mientras al mismo tiempo el país se integra a acuerdos hemisféricos para recibir temporalmente personas deportadas desde otra nación. Aunque jurídicamente ambos casos sean distintos, políticamente producen una inevitable comparación social.
Y las percepciones, especialmente en temas migratorios, pueden ser tan poderosas como la propia realidad.
Toda nación tiene derecho a proteger sus intereses. Pero también tiene la obligación de mantener una línea de conducta comprensible para su pueblo. Cuando las políticas cambian según la presión internacional o según convenga diplomáticamente, sin una explicación firme y transparente, la confianza pública comienza a erosionarse.
La seguridad nacional, la política exterior y la migración son temas demasiado delicados para manejarse únicamente con comunicados oficiales o titulares de prensa. Requieren coherencia, pedagogía y claridad.
Porque al final, la autoridad de un Estado no depende solamente de su capacidad para firmar acuerdos, sino de su capacidad para hacer que su propia población crea en ellos.
