Adocco alarmado por crecimiento económico funcionarios

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

Follow

El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César De la Rosa Tiburcio, calificó este jueves como “sospechoso” que funcionarios que antes de ser designados en el tren gubernamental tenían empresas de diversos rubros y que aunque eran productivas no alcanzaban el nivel patrimonial que presentan hoy día.
 
Adocco afirma que esto se desprende de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas al ser designados, y la presentada al ser ratificados en los puestos, guardando una diferencia abismal que de cumplirse la ley de declaración jurada hubiesen sido investigados por enriquecimiento sin causa.
 
El presidente de la entidad anticorrupción lamentó hoy que los funcionarios implicados en actos de corrupción no sean sometidos a la justicia y que el Poder Ejecutivo se limite a destituirlos. “Resulta lastimoso cómo funcionarios que fallan a la ley se les juzgue con una simple destitución”, dijo De la Rosa Tiburcio al referirse al caso del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), ingeniero Diandino Peña, destituido por el Presidente de la República, Danilo Medina, el pasado viernes.
 
De la Rosa Tiburcio dijo que en este caso se puso en evidencia la omisión de informaciones que deberían estar en su declaración jurada de patrimonios conforme a la ley 311-14, que establece prisión para aquellos declarantes que hayan falseado la información declarada.
 
El vocero de Adocco sostuvo que existe un patrimonio que se desarrolla durante el ejercicio al frente de una institución del Estado, administrando recursos, y durante ese mismo tiempo es cuando se produce ese crecimiento patrimonial, además de la transferencia de bienes a nombre de su familia.
 
Manifestó que si se hace una investigación se podrá comprobar que ese patrimonio no lo desarrollaron sus hijos.
 
En relación al acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, el presidente de Adocco expresó que la falta de institucionalidad en República Dominicana es visible, ya que si las instituciones funcionaran se le hubiese dado el seguimiento correcto a todo aquel que está vinculado a la administración pública, pudiendo rápidamente entrelazar culpables.
 
Entiende que lo más importante del acuerdo es la admisión y el compromiso de que en un momento determinado con un proceso de negociación dar informaciones sensibles que no iban a estar en el paquete que recibirá la Procuraduría el primero de junio.
 
“Yo creo que habrá informaciones que podrán verse si hay voluntad política y si se construye un andamiaje jurídico que realmente pueda dar respuesta efectiva a partir de esa intención, que si no la hay evidentemente vamos a seguir haciendo acopio de informaciones que pueden ser válidas si no hay esa decisión importante de quienes dirigen el destino del país pues evidentemente vamos a caer en los mismo”, apuntó.