Los dominicanos debatimos hace cierto tiempo sobre los aspectos positivos y negativos del proceso de reforma constitucional, desde luego que tales debates precedieron a las famosas consultas populares instituidas por mandato del Poder Ejecutivo, aunque luego desechada en su parte esencial, por no convenir a los deseos del actual caudillismo.
Los responsables de dar promoción y difundir el nuevo texto constitucional vienen ejecutando acciones encaminadas a cumplir con esa difusión, cónsono con ese interés, la Cámara de Diputados y la Finjus coordinaron con las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD la participación de los docentes en un Seminario sobre la Nueva Constitución, evento de por si interesante, debido a que se intenta dar a conocer la nueva cartilla nacional.
En la actividad de referencia, la misma que se desarrolló durante dos días se abordaron diversos temas, propios del contenido de la Constitución y entre ellos sobresalían: Derechos Fundamentales y Derechos Ciudadanos; Partidos Políticos y Sistema Electoral; Poder Ejecutivo y Administración Publica; Congreso Nacional y Control Político, entre otros.
Los responsables de exponer y de coordinar la actividad se manejaron con cierta prudencia frente a los participantes, gran parte de los cuales manifestaron sus inquietudes, por nuestra parte referimos que no obstante lo amplia de la Carta Fundamental, gran parte de la población considera que Esa No es su Constitución, además de que se trata de un producto consensuado por los nuevos caudillos y la jerarquía católica.
Al enfocar el rol del Poder Ejecutivo en la administración del Estado Dominicano resaltamos como se mantiene su protagonismo, en que medida sigue siendo un monarca revestido de Presidente. El Poder Ejecutivo sigue siendo juez y parte de sus propias acciones en la medida en que dispone de un Contralor General, de un Procurador o del Ministerio Publico, un dominio sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, y porque no de un Congreso Nacional que carece de voluntad e independencia para trazar pautas y servir como gran supervisor de los asuntos públicos.
En el país nos encaminamos hacia un Bonapartismo, con la diferencia de que los núcleos familiares que detentan el poder dominicano tienden a ser más disgregados que aquellos que dominaron Francia y eran oriundos de Italia. En esencia nos encontramos con un régimen presidencial en el cual el Primer Mandatario lo maneja y manejará todo: Poder Judicial desde el Consejo Nacional de la Magistratura y de paso al Tribunal Superior Electoral , dominara también el Tribunal Superior Contencioso y Administrativo, la Junta Central Electoral y en cierta medida la Cámara de Cuentas, esta ultima si tomamos en cuenta que será escogida de ternas que presentara la Cámara de Diputados, que se supone provendrán de recomendaciones del Presidente, aun sean simuladas.
La lectura de los artículos 178 y 179 de la Constitución nos da una idea clara del tipo de gobierno que tenemos y tendremos. El primero establece la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual el Poder Ejecutivo es determinante porque de entrada tiene 4 miembros de 8 , los 2 miembros de la SCJ actuaran en base a sus propios intereses coyunturales y los 2 restantes serán de la segunda fuerza política . El segundo articulo se refiere a las funciones del CNM y dice que son: “Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los Jueces del Tribunal Constitucional, Jueces del Tribunal Superior Electoral, Evaluar el Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia”.
Lo anterior nos dice en que situación estaremos durante 6 u 8 años dependiendo de que las cosas no se precipiten y el país pueda recomponer la correlación de fuerzas, estableciendo un poder publico basado en criterios de equidad y no en base a manipulaciones y mercadeo de supuestas adherencias.
Todo ese dominio del presidencialismo a que hago referencia esta dado en el hecho de que en la Constitución pactada por los nuevos sujetos del conservadurismo dominicano, no se establecieron los mecanismos de control de la administración publica, Ministerio Publico en manos del Presidente, Cámara de Cuentas por vía indirecta, Suprema y Tribunal Constitucional por escogencia del Presidente, en definitiva estamos ante una dictadura casi perfecta.
Lo anterior nos dice en que situación estaremos durante 6 u 8 años dependiendo de que las cosas no se precipiten y el país pueda recomponer la correlación de fuerzas, estableciendo un poder publico basado en criterios de equidad y no en base a manipulaciones y mercadeo de supuestas adherencias.
Si se quiere marchamos hacia una dictadura constitucional, en la cual todas las acciones de los dirigentes podrán ser legales, aunque estén caracterizadas como injustas. De ahí la necesidad de que los dominicanos despertemos del largo letargo y entendamos que estamos ante dos disyuntivas o resistimos o pasamos a un escenario en el que los ciudadanos andaremos como aquel individuo que, “Parecería como si durmiendo masticara trapos”.
