El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortíz, se reservó para este viernes 26 del presente mes, su veredicto sobre el recurso de amparo incoado por el financista Luis Álvarez Renta contra la decisión de la Dirección General de Prisiones que suspendió el acatamiento de los permisos judiciales para chequeos médicos, alegando que son utilizados para otros fines.
Los abogados del asesor empresarial, quien purga diez años de prisión por el fraude del Banco Intercontinental (Banínter), aseguraron que la decisión “arbitraria e “inconstitucional” de Prisiones obedece a una “persecución política” desatada en su contra por su conocida amistad con el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado.
Los abogados de Álvarez Renta solicitaron la revocación inmediata de la medida que afirmaron viola los derechos humanos de los reclusos y de la Constitución, así como la condena al pago de RD$30 mil pesos, por cada día de vigencia de la prohibición.
Los abogados solicitaron que al ex mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez y al alcalde de Najayo, Nicolás Fortunato Martínez, que ambos sean condenados al pago de una indemnización de RDR$20 millones a favor de su defendido, en caso de que el tribunal disponga el restablecimiento de los permisos y lo desacaten.
Sostuvieron que la prohibición dispuesta por Pérez Sánchez suspende de paso la continuidad del calendario de citas médicas a que debe someterse Álvarez Renta, al tiempo que desacata su aprobación por parte del juez de ejecución de la pena asignado al caso, Francisco Mejía Angomás.
La Dirección de Prisiones sostuvo que la ley faculta a la entidad a tomar las decisiones correctivas pertinentes en los penales. Destacaron que en menos de dos años a Álvarez Renta le han sido concedidos 40 permisos, por lo que ese organismo “no se niega a que reciba las atenciones médicas” requeridas.
“Persecución política”
Los representantes de Álvarez Renta, Eric Raful y Joaquín Zapata, entregaron al magistrado un oficio dirigido por Prisiones a la Procuraduría, firmado por Pérez Sánchez, justificando la suspensión de los permisos de salida, que afecta a todos los reclusos, con el alegato de que Álvarez Renta los habría usado para participar en “actividades proselitistas”.
Denunciaron, en este orden, que ese argumento muestra que en contra de su defendido existe una persecución política, derivada de su vieja amistad con Miguel Vargas, lo cual fue descartado por los abogados de Prisiones.
Durante la audiencia, que duró alrededor de tres horas, Álvarez Renta mostró al juez, levantando su camisa, un hematoma que, según dijo, data de hace 15 días pero no ha podido ser examinado por sus médicos debido a la “arbitrariedad” de Prisiones. Destacó que como parte del tratamiento postquirúrgico al que está sometido fue intervenido nuevamente hace poco más de dos meses.
Explicó que tiene la necesidad de recibir atención médica dos veces por semana y cada quince días por distintas afecciones que padece, entre las que se citaron hernias discales, problemas cardíacos, hipertensión, diabetes e insomnio.
Aseguró que además de las visitas médicas, las únicas actividades a las que ha asistido gracias a los permisos han sido a la boda de una hija y a un seminario sobre derechos humanos en el que participó.
En respuesta a los alegatos de Prisiones, Álvarez Renta dijo que los servicios médicos y la infraestructura de la cárcel de Najayo, en donde guarda prisión, son “inadecuados, malos e incompletos” para tratar casos como el suyo eficazmente.
Recordó, en ese sentido, que donó tanto el consultorio como el equipamiento clínico del penal.
En compañía de Álvarez Renta acudió al tribunal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La Dirección de Prisiones estuvo representada por los abogados Carlos Guerrero y Porfirio Bocio.
