La nación dominicana es víctima de una gran ola de delincuencia común y corrupción, esta se verifica en diversos sectores y a todos los niveles. Envueltos en ella encontramos a funcionarios, empleados públicos, industriales, comerciantes, comisionistas, militares, policías, curas y ministros religiosos, en fin a casi toda la sociedad. Estamos en el cambalache del que hablaba Enrique Santos Discípulo.
En el lugar menos esperado nos encontramos con grandes torres o mansiones, vehículos lujosos, hermosas casas de campo, grandes restaurantes, fincas modernas, minis zoológicos, casas de cambios, prestamistas de millones, grandes constructores improvisados, y toda una gama de expresión de una riqueza de adquisición rápida y sospechosa. Todo esto dentro de un país de apenas 48,000 KM2, es decir, en donde casi todos nos conocemos y aquel que exhibe riquezas tiene que probar de dónde proviene o el origen de la misma.
El gobierno norteamericano en su auto designación como juez mundial o certificador, ha dicho en su informe anual que la corrupción del gobierno dominicano es un asunto endémico. Esa calificación dada por los norteamericanos se hace al margen del rol mediador que el presidente Fernández viene ejecutando y que en cierta medida a quienes más conviene es los que anhelan la continuidad del estado de sumisión de las naciones americanas.
La República Dominicana desde hace varios años posee una legislación amplia en materia de prevención de la corrupción y la delincuencia común. La mejor referencia la teníamos en el articulo 102 de la antigua constitución, allí se establecía la prohibición contra todo tipo de tráfico de influencia o de enriquecimiento de allegados y familiares de los funcionarios públicos. Dicha norma fue sacada de circulación de la constitución pactada por los líderes del PLD y PRD, pero subsisten otras normas como la ley 120-01 o Código del Servidor Público; los decretos que crearon el organismo anti-corrupción, (antiguo Depreco) y muchas otras disposiciones del Código Penal y de la Convención de Caracas del año 1996 contra la corrupción.
En materia de corrupción administrativa no hay que ser experto en asuntos de persecución de este tipo de delitos para dar con los responsables de violaciones a las normas establecidas en el país. Resulta fácil de comprobar, como tal o cual funcionario publico llegó a un cargo en determinadas condiciones económicas y como aparece exhibiendo cuantiosas riquezas o como se produce un gran cambio económico entre sus allegados, a todo lo cual se suma la siempre presente denuncia encubierta o directa, el comentario del barrio y muchas otras formas de evidenciar que una persona a pasado de pobre o clase media a una ostentación de riquezas inusitada. La búsqueda de esas evidencias solo precisan de vocación de servicio a favor de la ética en la administración pública.
Cuántos ciudadanos estarán pensando y viendo a muchos correligionarios en estas líneas que tratan de describir o hacer el retrato sobre la corrupción en el país.
En lo que respecta a la delincuencia común y muy especialmente a la expresada a través del trafico de drogas o estupefacientes, las formas de saber quienes están en esa desgracia contra la sociedad parece más fácil que la delincuencia común, pues los magnates y allegados al negocio tienden a no esconder sus éxitos, no se aguantan, es como si sólo disfrutaran en la medida en que los demás se enteran. Se parecen al señor que recibió un dinero para que no divulgara la infidelidad descubierta del marido, pero luego de cierto tiempo, prefirió devolver lo recibido porque no podía guardar el secreto.
No basta con pedir a los funcionarios públicos, legisladores y ahora a los oficiales policiales y militares que cumplan con la ley No. 82 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, el asunto es mucho más amplio, aunque también sencillo en su investigación. Como es posible que un legislador exhiba millones de pesos para donar, comprar casas, fincas, vehículos lujosos y muchas otras cosas, solo con su salario mensual, como un regidor o síndico puede demostrar grandes riquezas en base a su salario, igual ocurre con directores, ministros, vice-ministros y muchos otros funcionarios del tren administrativo.
La nación requiere de un ministerio público con capacidad profesional y calidad moral para exigir a miles de ciudadanos nacionales y extranjeros que prueben los orígenes de las riquezas que presentan y repetimos eso no es difícil, debido a que se trata de una nación pequeña y en la cual las personas de riquezas nuevas ellos mismos la presentan o llevan a sus testaferros a evidenciar cual es su rol.
Tengo que admitir que existen riquezas cuyos orígenes están claros, son el producto de robos o despojos hechos por los descendientes de sus poseedores y cuya recuperación sólo será obra de un movimiento radical y contestatario.
