Participación Ciudadana (PC) sugirió este viernes a organismos internacionales presentar los resultados del estudio sobre los niveles de corrupción en el país, anunciado en diciembre pasado, y sugiere que se indague sobre múltiples casos.
Según PC, el estudio fue anunciado por los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), al Programa de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Delegación de la Comisión Europea y la Embajada de España.
Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que hace casi dos meses que la ciudadanía recibió la información de que esos organismos acordaron con el presidente Fernández designar un grupo de expertos para la realización de un diagnóstico sobre los niveles de corrupción en República Dominicana y formular recomendaciones para enfrentarla.
En una carta enviada a los representantes de dichas entidades, PC manifestó su apoyo a la iniciativa, pero aclaró que el problema de la corrupción no se origina en la falta de diagnósticos y ni siquiera en el desconocimiento de los mecanismos para enfrentarla, sino que es un asunto de decisión para combatirla.
Cabreja dijo que aunque se desconocen los términos de referencia de dicho estudio, sugiere que en el mismo se evalúe importantes denuncias de corrupción que no han sido debidamente aclaradas, a pesar de tener méritos suficientes para ser investigadas y sancionar a los que resultaren culpables.
PC señaló como actos de corrupción que el estudio debe aclarar : el desayuno escolar, el reparto de dinero a dirigentes del PLD a través de las nóminas CB, los vínculos entre estamentos de poder con los pasados fraudes bancarios, las relaciones de funcionarios civiles y militares con el narcotráfico y el lavado de activos.
También el uso para fines políticos de la asistencia social del Estado, los escándalos que se han generado en torno al uso de los recursos públicos en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Obras Públicas, el Programa de Reducción de Apagones, así como en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, por la remodelación del Palacio de Bellas Artes y de la Catedral de San Juan de la Maguana.
Otro caso de estudio que propuso es el de la Sun Land, contrato realizado sin conocimiento de la opinión pública, mediante el cual se violaron distintas disposiciones legales relacionadas con el presupuesto nacional, la planificación e inversión pública, el manejo de la deuda, la contratación de obras y el control y auditoría de fondos públicos.
Cabreja indicó que en este último caso el Presidente de la República otorgó un poder a un funcionario público de segunda categoría, autorizándolo a emitir y negociar títulos valores del Estado Dominicano y colocarlos en el mercado internacional de capitales, por valor de 130 millones de dólares.
El Movimiento Cívico agregó que “se autorizó a esa empresa, apenas conocida en el país en algunos negocios turbios, a que a su vez subcontratara a otras empresas para construir unas 11 obras públicas, todo ello sin concursos, sin ningún tipo de competencia”.
Posteriormente se le autorizó cambiar las once obras contratadas por sólo cinco, sin presupuestos conocidos. Finalmente las indicadas obras no se ejecutaron.
PC dijo que además sería conveniente que el estudio trate de determinar por qué en el país las leyes no se aplican, especialmente las normas destinadas a regular el uso de los fondos públicos, como la ley 340-06 de Contratación Públicas, la 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la de Cámara de Cuentas, la ley 82-79 de Declaración Jurada de Bienes y otras.
