El 9 de febrero del 1966, los estudiantes fueron ametrallados frente al Palacio Nacional. Los estudiantes de las escuelas, los liceos y de la Universidad Autónoma de Santo D0omingo (UASD), demandaban un mayor presupuesto, el reconocimiento del Consejo Universitario y la salida de las tropas de ocupación de los centros educativos y del país.

En esta masacre resultaron asesinados Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino, Luís Jiménez Mella y posteriormente, falleció el 3 de marzo en un hospital de San Antonio, Texas, la estudiante Altagracia Amelia Ricart Calventi.

Resultaron gravemente heridos Brunilda Amaral, Antonio Pérez (Tony), Freddy Antonio Cruz, José Ramón Casimiro, Griselda Zorrilla, Miguel Núñez, Juan Castro, José María de la Cruz y Víctor Ramírez.

También, Jaime Tomás Estrella, Ciprian de Jesús Báez, Modesto Guzmán Castro, José Javier Solís, Vinicio García, José Zabala, William Pérez, Ernesto Caamaño, Roberto Ramírez y Evita Germán.

Hacen 44 años de este acontecimiento, que es recordado por los dirigentes estudiantiles sobrevivientes de la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER); Juventud Revolucionaria Cristiana (JRC); Grupo Fragua: Bloque Revolucionario Cristiano (BRUC); Frente Estudiantil Radical Revolucionario: y la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

Allí, en la lado sur del Palacio Nacional, en la calle doctor Báez, tropas de la policía, ejército, de los Estados Unidos de Norteamérica, Honduras, Uruguay, Brasil y Nicaragua, entre otras, que integraban la llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP), de la Organización de Estados Americanos, dispararon por más de dos horas contra el estudiantado.

Esta acción cobarde y criminal recibió el repudio del pueblo, y los estudiantes en Latinoamérica y el mundo se lanzaron a las calles exigiendo la desocupación de las fuerzas extranjeras que mancillaban los colores patrios.

Tal como expresa un afiche conmemorativo: “Que no se repita”, esto no debe repetirse jamás ni mucho olvidarse. Justamente, eso es lo que busca el Comité Permanente 9 de Febrero del 1966, con la lectura de una proclama que se lee en el mismo lugar de los acontecimientos, una ofrenda floral y una caminata hacia el cementerio de la avenida Independencia a la tumba de Altagracia Amelia Ricart Calventi.

La declaración del pasado año llamaba la atención sobre el peligro del narcotráfico, expresando “el auge escandaloso del tráfico y consumo de drogas en nuestro país, constituye un lastre ominoso que corrompe y debilita los cimientos de la sociedad. Esta presencia degradante de los carteles colombianos cuenta con complicidades y participación de sectores del poder político, y de sectores de los cuerpos armados, tal y como se ha puesto en evidencia en los casos referidos de Quirino Ernesto Paulino Castillo y Paya, Baní”.

Ahora, tenemos otros escándalos caso José David Figueroa Agosto, la matanza de Villa Altagracia, y el asesinato del ex coronel Amado González y González.

Es decir, que el narcotráfico gana terreno permeando las instituciones del gobierno y el Estado, tiene validez, la valorización que hace el documento, en el sentido de que “no era este el futuro que avizoramos, que no luchábamos por la sociedad de hoy, que los que cayeron ese 9 de febrero no murieron por este modelo de complicidades y miserias humanas”.

Que no se repita.

Paz a los muertos y larga vida a los sobrevivientes.