Presidente del CDP denuncia amenazas contra su familia y reclama acción de la Fiscalía

Luis Pérez pide la intervención de las autoridades ante las presuntas amenazas reiteradas; asegura que las denuncias anteriores no han impedido que el señalado vuelva a quedar en libertad
Luis Pérez

Santo Domingo, R.D.– El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez, acudió junto a su familia a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste para presentar una querella contra Santiago Ángeles, a quien acusa de mantenerlos bajo constantes amenazas y de generar un clima de temor e inseguridad en su entorno familiar.

Pérez permaneció durante varias horas en la sede del Ministerio Público a la espera de que la magistrada Liz Durant, encargada del área de Violencia de Género, adopte las medidas correspondientes frente a los hechos denunciados y disponga las actuaciones judiciales que procedan contra el señalado.

El dirigente gremial manifestó su preocupación e impotencia ante una situación que, según afirmó, se ha repetido en varias ocasiones, pese a las denuncias presentadas contra el hombre. Sostuvo que las presuntas amenazas mantienen a su familia en un estado de temor y reclamó una respuesta efectiva de las autoridades.

Como parte de su denuncia, Pérez señaló que en uno de los incidentes un niño de siete años con una condición especial resultó herido, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de los hechos y la necesidad de que el caso reciba la atención correspondiente.

Ante este escenario, el presidente del CDP solicitó la intervención de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y de la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, para que se dé seguimiento a la denuncia y se adopten las medidas legales necesarias para proteger la integridad de sus familiares.

Pérez insistió en que las autoridades deben actuar conforme a la ley y evitar que la situación continúe escalando, al considerar que la seguridad de su familia requiere una respuesta oportuna del sistema de justicia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la protección de las víctimas que denuncian amenazas y la necesidad de que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

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