Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un «marco legal represivo» y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
A través de una carta, publicada este martes en su Telegram pero con fecha del lunes, Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para «transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática» en Venezuela.
«Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», subrayó la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Uso inadecuado de la ley contra el odio
En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
