Santo Domingo, R.D. – El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, advirtió que la República Dominicana no está preparada para enfrentar la apertura total del mercado del arroz en las condiciones que, según plantea, demanda Estados Unidos, y alertó sobre el impacto que podría tener la eventual derogación del Decreto núm. 693-24 sobre la producción agrícola nacional.
Hernández sostuvo que la solicitud estadounidense coloca al país ante las consecuencias de una falta de preparación que, a su juicio, se extendió durante aproximadamente dos décadas, período en el que debieron impulsarse inversiones para modernizar el sector arrocero y hacerlo más competitivo.
El dirigente agropecuario señaló que durante esos años debieron modernizarse los sistemas de riego, reducirse los costos de producción, renovarse las variedades de arroz, fortalecerse la investigación, ampliarse el financiamiento y mejorar la mecanización agrícola.
Afirmó que esa responsabilidad corresponde al Estado y a las distintas administraciones que gobernaron durante ese período, por lo que consideró que no sería justo trasladar ahora a los productores las consecuencias de lo que calificó como insuficiente planificación e inversión.
Advierte sobre competencia desigual
Hernández explicó que la discusión no se limita a la eliminación de un decreto, sino que involucra las condiciones bajo las cuales el arroz estadounidense tendría mayor acceso al mercado dominicano, conforme al DR-CAFTA.
En ese contexto, sostuvo que los productores dominicanos tendrían que competir con una agricultura estadounidense caracterizada por altos niveles de tecnificación, mayor escala productiva, sistemas de financiamiento desarrollados y distintas modalidades de apoyo estatal.
«No se trataría de una competencia entre iguales», afirmó el presidente de la ANPA.
De acuerdo con Hernández, una eventual eliminación de la protección arancelaria establecida mediante el Decreto 693-24 podría afectar a unos 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, una producción estimada de 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que, según sus cifras, moviliza más de RD$45,000 millones anuales.
El dirigente calificó la producción arrocera como la más importante del sector agrícola dominicano y destacó su incidencia en el empleo y en la economía de numerosas comunidades rurales.
Temen efectos sobre productores y factorías
Hernández advirtió que una apertura repentina podría generar una reducción de los precios pagados a los productores nacionales, acumulación de cosechas, incremento del endeudamiento y disminución de las áreas destinadas al cultivo.
También señaló como posibles consecuencias el cierre de factorías y de otras empresas vinculadas a la cadena de producción, procesamiento y comercialización del cereal.
A su juicio, el debilitamiento de la producción local podría llevar al país a perder progresivamente su autosuficiencia y aumentar su dependencia de las importaciones para abastecer uno de los principales alimentos de la población.
¿Menores precios para el consumidor?
El presidente de la ANPA reconoció que podría plantearse como argumento que una mayor entrada de arroz importado contribuiría a reducir los precios para los consumidores.
Sin embargo, cuestionó que exista una garantía de que esa diferencia se transfiera de manera completa y permanente a las familias dominicanas.
Explicó que entre el importador y el consumidor intervienen procesos como almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y comercialización, por lo que, según su planteamiento, la reducción en el precio al productor nacional no necesariamente se traduciría en una disminución proporcional para el consumidor.
Asimismo, advirtió que una vez debilitada la producción nacional, el país podría quedar más expuesto a variaciones de los precios internacionales, problemas logísticos, conflictos internacionales, fenómenos climáticos y decisiones de países exportadores.
Pide una gran mesa nacional del arroz
Hernández planteó que el Gobierno debe evitar una decisión apresurada y convocar una gran mesa nacional del arroz, con participación de las autoridades, organizaciones de productores, profesionales agropecuarios, factorías, Banco Agrícola, universidades y centros de investigación.
También propuso realizar un estudio independiente sobre los posibles efectos económicos, sociales y alimentarios de una mayor apertura del mercado, además de negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de salvaguardias, controles a las importaciones y mecanismos de compensación.
El presidente de la ANPA consideró necesario, además, poner en marcha un Programa Nacional de Competitividad Arrocera dirigido a reducir costos, modernizar los sistemas de riego, fortalecer la investigación, elevar la productividad y garantizar financiamiento y seguro agropecuario.
«No estamos en contra del comercio»
Hernández aclaró que la posición de la ANPA no implica un rechazo al comercio internacional ni al cumplimiento de los acuerdos suscritos por el país.
«No estamos en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estamos en contra de que se sacrifique al productor dominicano para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación», sostuvo.
El dirigente insistió en que la República Dominicana debe cumplir sus compromisos internacionales, pero también preservar su capacidad para producir alimentos esenciales y garantizar la seguridad alimentaria.
«El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos. No se preparó para eso», afirmó Hernández.
Finalmente, advirtió que abrir completamente el mercado sin establecer previamente mecanismos efectivos de protección y competitividad podría generar incertidumbre para la producción arrocera nacional.
«No podemos corregir veinte años de falta de preparación condenando ahora al productor dominicano«, concluyó el presidente de la ANPA.
