Hay una salida negociada que puede proteger al agricultor dominicano sin convertir el arroz en una guerra comercial con Estados Unidos.

El problema es que Washington sostiene que, desde 2025, el arroz estadounidense debe tener acceso libre de arancel bajo el CAFTA-DR, mientras RD mantiene la cuota de 23,300 TM y el 99 % fuera de cuota.

No eliminar inmediatamente la protección
RD podría comprometerse a modificar progresivamente el Decreto 693-24, pero no abrir de golpe el mercado.

Aumentar gradualmente el acceso estadounidense.
Por ejemplo:

Año Cuota de arroz de EE. UU. a 0 %
Actual 23,300 TM
Año 1 35,000 TM
Año 2 50,000 TM
Año 3 70,000 TM
Año 4 90,000 TM
Año 5 Entrada TOTAL
Esto le daría tiempo al productor dominicano para diversificarse y adaptarse.

Sustituir el arancel de 99 % por una salvaguardia agrícola negociada.
En lugar de decir:

“Después de 23,300 toneladas, 99 %”.

Se podría negociar así:

“Si las importaciones estadounidenses superan determinado volumen y provocan daño grave o caída significativa de precios al productor dominicano, se activa temporalmente una salvaguardia”.

El propio DR-CAFTA contempla mecanismos de salvaguardia agrícola bajo determinadas condiciones.

Estados Unidos tendría que aceptar un programa de competitividad para el agricultor dominicano.
Aquí está, en mi opinión, la parte más importante de la negociación.

Washington podría facilitar cooperación técnica, tecnología agrícola, semillas, mecanización, almacenamiento, riego y productividad.

El objetivo no sería mantener artificialmente al productor protegido para siempre, sino hacerlo más competitivo.

La República Dominicana ya reconoce el arroz como un producto estratégico y utiliza programas como la pignoración para sostener la producción nacional.

Fondo de transición para el productor
RD podría crear un Fondo Nacional de Reconversión y Competitividad Arrocera, financiado con: parte de los ingresos aduaneros; presupuesto nacional; aportes de organismos multilaterales; cooperación estadounidense; eventualmente, una contribución negociada de los importadores.

Ese dinero no debería convertirse simplemente en subsidio permanente.

Debería utilizarse para: reducir costos de producción; modernizar sistemas de riego; mecanización; semillas mejoradas; almacenamiento y secado; infraestructura de comercialización; crédito agrícola; seguros agrícolas; investigación y tecnología; capacitación.

Precio mínimo de referencia para el productor
También negociaría un mecanismo de emergencia.

Si el precio internacional del arroz importado provoca una caída extraordinaria del precio pagado al agricultor dominicano, el Estado podría activar temporalmente apoyo directo.

Así se protege al agricultor, no necesariamente al intermediario.

CONASSAN tendría un papel fundamental
Esto encaja bastante bien con el mecanismo que ya creó el Decreto 693-24: las medidas permanecen hasta que CONASSAN recomiende modificarlas con base en un nuevo informe técnico. Que nunca llega, irrita a Trump.

Yo propondría que CONASSAN publique anualmente un Informe Nacional del Arroz, con: producción nacional; consumo; importaciones; precio internacional; precio al productor; costo promedio de producción; rentabilidad agrícola; inventarios; impacto de las importaciones; seguridad alimentaria.

Así, la política arrocera no dependería solamente de una decisión política presidencial.

Y Estados Unidos obtiene algo importante
Washington conseguiría mayor acceso al mercado dominicano, en lugar de enfrentarse indefinidamente al arancel de 99 %.

Esto puede ser más aceptable para ambos países que una confrontación sobre la legalidad del Decreto 693-24.

La propia USTR acaba de plantear la derogación del decreto y, simultáneamente, expresó disposición a negociar un acuerdo comercial recíproco con RD.

La fórmula política

Yo lo resumiría así:

“Más acceso para el arroz estadounidense, pero no a costa de destruir al agricultor dominicano”.

Y una propuesta todavía más fuerte:

“Estados Unidos obtiene acceso progresivo al mercado; República Dominicana obtiene cinco años para modernizar su producción; y el agricultor dominicano obtiene protección temporal, crédito, tecnología y un mecanismo de salvaguardia si las importaciones provocan daño grave”.

Eso permitiría a Washington cumplir su objetivo de mayor acceso comercial y a Santo Domingo defender la seguridad alimentaria y al productor nacional.

Además, sería una negociación mucho más sólida que simplemente defender indefinidamente el 99 %, porque EE. UU. sostiene que ese esquema contradice sus expectativas de acceso bajo el CAFTA-DR.

El eficiente Víctor Ito Bisonó, no sus técnicos, debe hacer una propuesta, un documento formal de negociación RD–EE. UU., con 15 artículos, cifras, cuota progresiva, fondo de protección al agricultor y mecanismo de salvaguardia.

Ganan mucho los técnicos y no hacen nada, solo esperan Ito resuelva con el presidente y así no es.

PROPUESTA FINANCIERA RESUMIDA PARA EL PRESIDENTE

Acuerdo de desmonte en 5 años, transición gradual con estos valores para modernizar el sector arroz ante caída de precios. RD no promete arroz importado con 99 % de arancel; necesitamos un tiempito más.

Crear un Fondo de Competitividad de US$100 M, desglosado así:

Mecanización
US$30 M

Riego y agua
US$20 M

Tecnología/semillas/investigación
US$15 M

Crédito y seguros
US$15 M

Almacenamiento y poscosecha
US$10 M

Pequeños productores
US$10 M

Total: US$100 millones