Managua, Nicaragua.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este martes en primera votación una reforma constitucional que impide la participación de partidos opositores en los procesos electorales y extiende de seis a siete años el período de los cargos electivos, incluido el de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa, respaldada por la pareja presidencial, fue aprobada de manera unánime durante una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, ciudad ubicada a unos 90 kilómetros al noroeste de Managua.
“Aprobadas de forma unánime”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, tras concluir la votación del articulado.
La reforma deberá ser sometida a una segunda votación a partir del 18 de enero, debido a que la legislación nicaragüense establece que las modificaciones a la Constitución deben ser aprobadas en dos sesiones legislativas diferentes antes de su entrada en vigor.
Amplían mandato de Ortega y Murillo
Además de ampliar de seis a siete años el período presidencial, la reforma contempla la extensión de los mandatos de otros funcionarios electos, así como de los jefes del Ejército y de la Policía Nacional.
La modificación se produce en medio de una creciente concentración del poder político en manos de Ortega y Murillo, quienes gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, asumieron el esquema de copresidencia luego de una reforma constitucional aprobada en 2024, cuando el oficialismo también amplió el período presidencial de cinco a seis años y trasladó las elecciones presidenciales, inicialmente previstas para finales de 2026, hasta finales de 2027.
Oposición prácticamente fuera del escenario político
La nueva disposición ha generado preocupación entre dirigentes opositores nicaragüenses en el exilio, quienes consideran que la exclusión de sus organizaciones de los procesos electorales busca asegurar la continuidad del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.
La oposición nicaragüense quedó prácticamente desarticulada después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas.
Tras esas movilizaciones, miles de ciudadanos abandonaron el país, entre ellos dirigentes políticos, intelectuales y religiosos. Algunos opositores fueron despojados de su nacionalidad y acusados por el Gobierno de “traición a la patria”.
El oficialismo sostiene que las protestas de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras Washington y otros gobiernos han acusado a la administración de Ortega de mantener un régimen autoritario.
Ortega dijo que no habrá elecciones
El pasado 19 de julio, Ortega declaró públicamente que “no habrá elecciones” en Nicaragua, bajo el argumento de impedir que la oposición retome el poder.
Sus declaraciones provocaron críticas de varios países centroamericanos y de naciones como Bolivia, Brasil y Chile, que calificaron la decisión como un nuevo retroceso democrático.
Estados Unidos, por su parte, ha llamado a la comunidad internacional a aumentar el aislamiento del Gobierno nicaragüense, mientras Panamá retiró a su embajador de Managua.
Los dirigentes opositores en el exilio también han advertido que las modificaciones constitucionales podrían estar relacionadas con la eventual sucesión del poder dentro de la familia Ortega-Murillo, en un contexto en el que la salud del mandatario ha sido objeto de atención pública.
La reforma aprobada este martes profundiza así el proceso de transformación institucional impulsado por el oficialismo nicaragüense y deja pendiente una segunda votación legislativa que determinará su entrada definitiva en vigor.
