La especialista en políticas de Estado de derecho, seguridad ciudadana y derechos humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gloria Manzotti, destacó este martes los avances sostenidos que, ha registrado República Dominicana durante más de una década en la transformación institucional de su sistema de justicia.
“República Dominicana es un país que desde hace más de una década avanza sostenidamente en la transformación institucional del ecosistema de instituciones de justicia, con liderazgo del Poder Judicial”, sostuvo Manzotti durante una entrevista en el programa El Día.
La especialista advirtió, sin embargo, que todavía persisten obstáculos para el acceso efectivo a la justicia.
Sus declaraciones se producen a propósito del informe “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado por el PNUD con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales. El estudio reconoce avances en transformación digital, gestión judicial y capacidad resolutiva, pero también identifica brechas estructurales y territoriales.
Informe analiza experiencia de los ciudadanos
Manzotti explicó que el análisis incorpora evidencias vinculadas con el desarrollo humano, con el propósito de observar cómo las personas experimentan en su vida cotidiana el acceso a los servicios de justicia.
Otro de los componentes utilizados fue la escucha activa, mediante la cual se recogieron percepciones de usuarios sobre la calidad y accesibilidad de los servicios judiciales.
El informe señala que 36,3 % de las personas consultadas reportó haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, principalmente demoras, costos legales y deficiencias en la atención.
También indica que siete de cada diez personas consultadas desconocían la existencia de servicios digitales para realizar trámites o consultar sus casos.
Persisten desafíos estructurales
El documento destaca avances en digitalización y eficiencia. Entre ellos, señala que alrededor del 66 % de los trámites judiciales se procesa electrónicamente, que se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y que la capacidad resolutiva promedio del sistema supera el 94,9 % a nivel nacional.
No obstante, el PNUD advierte sobre diferencias territoriales, así como limitaciones de recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la cantidad de jueces por cada 100,000 habitantes disminuyó de 7,4 a 6,6, mientras que la proporción del presupuesto nacional destinada al Poder Judicial pasó de 1,05 % en 2019 a 0,87 % en 2025.
Manzotti sostuvo que los avances identificados deben servir también como un ejercicio para mirar hacia el futuro y determinar cuáles medidas permitirían garantizar la sostenibilidad de la transformación de la justicia.
El PNUD plantea, entre otras recomendaciones, fortalecer la coordinación interinstitucional, acercar los servicios a la ciudadanía, aprovechar la tecnología y desarrollar políticas diferenciadas de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
