Santo Domingo.- Familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set exigieron este viernes una condena ejemplar contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, al iniciar el juicio de fondo por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La audiencia se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público comenzó a presentar la acusación contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan cargos por homicidio involuntario, una imputación que contempla una pena máxima de dos años de prisión.

Sin embargo, los familiares de las víctimas y sobrevivientes consideran insuficiente esta calificación jurídica y solicitan que los hechos sean tipificados como homicidio voluntario, al sostener que los propietarios tenían conocimiento de las condiciones de deterioro que presentaba la estructura del establecimiento.

De ser acogida esta calificación, los acusados podrían enfrentar una pena de entre 20 y 30 años de prisión, según lo planteado por los querellantes.

Ministerio Público señala grave negligencia

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la discoteca Jet Set habría operado durante años bajo una situación de «sistemática y grave negligencia» en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, lo que habría puesto en peligro la vida de clientes y empleados.

Durante la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo que la tragedia fue consecuencia de una cadena de negligencias que terminó provocando el colapso de la estructura.

«El peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set», afirmó Camacho.

A las afueras del tribunal, familiares y sobrevivientes reiteraron su reclamo de justicia y pidieron a los jueces establecer responsabilidades contundentes por la tragedia.

«La tragedia ocurrió por negligencia, por descuido. Eso no tenía columna y el techo estaba lleno de plantas eléctricas», declaró una de las personas que acudió a la audiencia.

Sobreviviente reclama una condena proporcional a la tragedia

Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe e integrante del Movimiento de Justicia Jet Set, calificó como positivo el inicio del juicio, luego de lo que describió como una «larga espera».

No obstante, insistió en que el proceso debe avanzar hacia una calificación de homicidio voluntario, al considerar que las circunstancias que rodearon el colapso ameritan una respuesta judicial acorde con la magnitud de la tragedia.

Los familiares de las víctimas esperan que durante el juicio se puedan establecer las responsabilidades correspondientes y que el proceso contribuya a esclarecer las circunstancias que provocaron el desplome del techo.

Medidas contra los acusados

El pasado 15 de junio, durante la audiencia preliminar, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuestas contra Antonio y Maribel Espaillat.

Las medidas incluyen una garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Asimismo, el tribunal dispuso la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta RD$500 millones, equivalentes a unos 8.3 millones de dólares, como medida cautelar dentro del proceso judicial.

Una tragedia que conmocionó al país

El derrumbe ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras cientos de personas se encontraban en Jet Set disfrutando de una presentación del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro junto a uno de los integrantes de su orquesta.

La tragedia provocó una profunda conmoción en República Dominicana y trascendió las fronteras nacionales debido a la cantidad y diversidad de víctimas.

Entre los fallecidos estuvieron el exlanzador dominicano de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También perdieron la vida 18 ciudadanos venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un ciudadano de Kenia.

A más de un año de la tragedia, familiares y sobrevivientes mantienen su reclamo de justicia y esperan que el proceso judicial determine las responsabilidades por uno de los acontecimientos más dolorosos registrados en República Dominicana en los últimos años.