Santo Domingo.– Al cumplirse seis años de la llegada de Luis Abinader a la Presidencia de la República, el balance de su administración presenta luces y sombras: una economía que ha mostrado capacidad de recuperación, avances en modernización institucional; además de una importante ejecución de obras, pero con desafíos que todavía pesan sobre la vida cotidiana de los dominicanos, especialmente el costo de la canasta familiar, los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la deuda pública.

Abinader asumió el Poder Ejecutivo el 16 de agosto de 2020, en medio de una de las mayores crisis sanitarias y económicas de las últimas décadas. Seis años después, y a dos años de concluir su segundo mandato constitucional, su gestión llega a esta etapa con niveles de respaldo que continúan siendo relevantes, aunque con señales de desgaste y una creciente exigencia ciudadana para que los resultados macroeconómicos se traduzcan en mayor bienestar para las familias.

Aprobación todavía supera el 50 % en algunas mediciones

La más reciente medición de AtlasIntel, divulgada por la Presidencia, sitúa en 55.5 % la aprobación del Gobierno de Abinader al cierre de su sexto año, entre los dominicanos que expresaron una posición definida. El resultado es presentado por el oficialismo como una señal de que la administración mantiene un respaldo mayoritario; pero, según la oposición estos son número irreales.

Sin embargo, otras mediciones muestran un escenario más competitivo. La encuesta de CB Global Data correspondiente a julio colocó a Abinader con 48.7 % de imagen positiva y 48.1 % de imagen negativa, ubicándolo en el séptimo lugar entre 18 mandatarios latinoamericanos. La medición fue realizada entre el 3 y el 8 de julio de 2026, con muestras de entre 4,625 y 6,271 entrevistas por país.

El dato resulta significativo porque evidencia que, aunque el mandatario conserva una valoración relativamente favorable en el contexto regional, la percepción sobre su gestión se encuentra mucho más dividida que en etapas anteriores y dista mucho del sentir de la gente en las calles.

Una economía que vuelve a acelerar

Uno de los principales argumentos a favor de la administración es el desempeño de la economía. Luego de la fuerte recuperación posterior a la pandemia, el crecimiento se moderó durante 2025, cuando el PIB registró una expansión de 2.1 %. No obstante, durante 2026 la actividad económica ha comenzado a recuperar dinamismo.

El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció 6.4 % interanual en junio de 2026, mientras que el crecimiento acumulado durante el primer semestre alcanzó 4.5 %.

El turismo continúa siendo uno de los grandes motores de la economía. Durante los primeros seis meses de 2026, República Dominicana recibió 4,963,343 visitantes internacionales, un aumento de 10 % respecto al mismo período de 2025. Solo en junio llegaron 816,512 turistas, 6 % más que en junio del año anterior.

Este comportamiento ha contribuido a fortalecer las reservas internacionales, la generación de divisas y la actividad de sectores vinculados al turismo, el comercio, el transporte y los servicios.

Burocracia Cero y modernización del Estado

En materia institucional, el Gobierno ha impulsado el programa Burocracia Cero, creado dentro del Programa Gobierno Eficiente mediante el Decreto 640-20, con el propósito de simplificar, digitalizar y reducir los tiempos de los trámites públicos.

El Ministerio de Administración Pública reportó que entre 2020 y 2024 fueron intervenidos más de 360 trámites y servicios en 71 instituciones, con una reducción superior al 50 % en los tiempos de respuesta de los trámites intervenidos y un ahorro económico estimado para ciudadanos y empresas de más de RD$60,000 millones.

La iniciativa ha continuado durante el segundo mandato con herramientas como el SISMAP Burocracia Cero, concebido para evaluar y dar seguimiento a los trámites públicos y avanzar hacia una administración más digital y orientada a resultados.

Obras e infraestructura marcan el período

La ejecución de infraestructura también ocupa un lugar destacado en el balance de estos seis años.

El Gobierno ha priorizado proyectos viales, sistemas de transporte colectivo, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, hospitales, viviendas y otras obras de infraestructura.

En Santiago, por ejemplo, el Gobierno informó que durante los primeros cinco años de gestión había ejecutado más de RD$110 mil millones en inversión pública, distribuidos en más de 200 obras e intervenciones relacionadas con movilidad, agua, saneamiento, salud, vivienda, energía, educación e infraestructura vial.

Los proyectos de transporte masivo, incluidos los sistemas de teleféricos y las ampliaciones del Metro de Santo Domingo, forman parte de una estrategia destinada a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad urbana.

Seguridad alimentaria, otro punto de reconocimiento

La política social y la seguridad alimentaria constituyen otro de los capítulos que el Gobierno coloca entre sus principales resultados.

La administración ha destacado el fortalecimiento de programas sociales, muy criticados por su adversarios, y las políticas dirigidas a garantizar el acceso a alimentos y reducir los niveles de inseguridad alimentaria.

No obstante, organismos internacionales, también, advierten que persisten retos vinculados a la producción agrícola y al comportamiento de los precios. La FAO, en su más reciente panorama sobre República Dominicana, señaló que la producción de arroz de 2026 podría quedar ligeramente por debajo del promedio debido, entre otros factores, a las condiciones climáticas que afectaron las siembras.

El costo de la vida sigue siendo el principal desafío

Pero mientras los indicadores macroeconómicos, al menos en el papel, exhiben estabilidad, el costo de la vida continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación de la población.

Los precios de los alimentos, combustibles, alquileres, transporte y servicios básicos, mantienen una presión directa sobre el presupuesto de los hogares; lo que significa que para amplios sectores de la población, el crecimiento económico no se percibe necesariamente en la misma proporción en sus ingresos y capacidad de compra.

Este contraste constituye uno de los mayores retos políticos de los dos años que restan al Gobierno: lograr que las cifras de crecimiento, inversión y estabilidad económica se traduzcan en una mejoría perceptible en el bolsillo de las familias, que se les hace muy difícil hallar que comer y pagar los servicios.

Deuda y déficit fiscal bajo escrutinio

Otro de los aspectos que genera debate es el manejo de las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento acumulado durante estos años.

El Gobierno defiende su política fiscal y sostiene que el país mantiene una posición de estabilidad y sostenibilidad de la deuda. En su rendición de cuentas de febrero de 2026, el Poder Ejecutivo destacó que Moody’s elevó la calificación crediticia de República Dominicana en 2025 y que Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantuvieron sus respectivas calificaciones, resaltando el desempeño económico, la gobernanza y el manejo de la deuda.

Sin embargo, sectores de la oposición y economistas han cuestionado el acelerado endeudamiento y reclaman mayor eficiencia del gasto público, además de una discusión de fondo sobre una eventual reforma fiscal.

Electricidad, salud, educación y seguridad: las cuentas pendientes

Los servicios públicos continúan representando una de las principales áreas de presión sobre la gestión del presidente Abinader.

El sistema eléctrico sigue enfrentando problemas relacionados con interrupciones del servicio, mientras persisten reclamos por la calidad y eficiencia de los servicios de salud y educación.

En materia de seguridad ciudadana, la reforma de la Policía Nacional ha avanzado en aspectos institucionales y de profesionalización, pero todavía enfrenta el desafío de demostrar resultados sostenibles en las calles y responder a las demandas de una población que exige mayor seguridad y eficacia frente a la delincuencia.

La propia administración ha creado nuevas herramientas de monitoreo institucional vinculadas a la seguridad ciudadana, como el SISMAP Seguridad Ciudadana, con el objetivo de evaluar el desempeño de las instituciones responsables de este ámbito, pero para muchos esto es insuficiente.

Los últimos dos años: convertir los números en bienestar

Con seis años cumplidos y dos por delante, el presidente Abinader entra en la etapa final de su mandato con una particularidad política: la Constitución le impide optar por una nueva reelección presidencial. El mandatario dijo, desde antes de las elecciones de 2024, que no buscaría reelegirse en el cargo más allá de 2028.

Muchos entienden que esto coloca el foco de su gestión en la consolidación de su legado y en la capacidad del Gobierno para resolver problemas que trascienden los ciclos electorales; sin embargo, para otros, la lucha por mantener su partido en el poder no le permitirá manejarse de una manera cómoda.

El gran desafío será cerrar la administración con una economía creciendo, pero también con una población que pueda sentir ese crecimiento; con grandes obras, pero acompañadas de servicios públicos eficientes; con avances institucionales, pero también con mayor confianza ciudadana, que mucha falta le hace.

En definitiva, los seis años de Luis Abinader dejan una gestión con resultados importantes en materia económica, turística, institucional y de infraestructura, pero también con deudas sociales que siguen marcando el debate nacional.

El balance, por tanto, continúa siendo de contrastes: una República Dominicana con mayor dinamismo económico y transformación institucional, pero que todavía reclama soluciones concretas a problemas estructurales que afectan directamente la calidad de vida de sus ciudadanos, como la salud y la alimentación, la educación y la seguridad.