Santo Domingo. República Dominicana enfrenta una tragedia que, por repetirse con demasiada frecuencia, corre el riesgo de convertirse en parte de la cotidianidad: miles de personas pierden la vida cada año en las calles y carreteras del país.

Más de 3,000 muertes anuales por siniestros viales, unas ocho cada día, constituyen una cifra que debería estremecer a toda la sociedad. No se trata simplemente de estadísticas; detrás de cada número hay una familia, un proyecto de vida truncado y una pérdida que pudo, en muchos casos, evitarse.

Por eso resulta positiva la decisión del presidente Luis Abinader de involucrar directamente al sector transporte en la búsqueda de soluciones a la crisis de seguridad vial. El Estado no puede enfrentar solo este problema, pero tampoco puede delegar en los demás una responsabilidad que le corresponde ejercer mediante regulación, educación y fiscalización.

La señal enviada por el Gobierno debe ser aprovechada por los transportistas.

La declaración del presidente de MOCHOTRAN, Alfredo Pulinario Mariot, de que “ahora nos toca cumplir desde las calles”, apunta precisamente en la dirección correcta. El sector transporte debe demostrar que está dispuesto a pasar de los reclamos y las propuestas a una participación activa en la prevención de accidentes.

La situación de los motociclistas merece una atención especial. Si más del 70 % de las fatalidades corresponde a motocicletas y la proporción aumenta considerablemente durante períodos como Semana Santa, estamos ante un fenómeno que requiere una política pública específica.

Pero combatir esta realidad no significa criminalizar a quienes utilizan una motocicleta para trabajar. Miles de dominicanos dependen del motoconcho, el delivery y la mensajería para sostener a sus familias. La respuesta debe combinar educación, formalización, protección y cumplimiento de las normas.

En ese sentido, propuestas como una Escuela Nacional del Motociclista Trabajador, capacitación en manejo defensivo, promoción del casco certificado y utilización de chalecos reflectivos pueden contribuir a crear una cultura de prevención.

También resulta pertinente la aplicación efectiva de la licencia por puntos contemplada en la Ley 63-17. Las normas pierden su sentido cuando quienes las violan no enfrentan consecuencias. La seguridad vial necesita reglas claras, pero también una fiscalización constante y justa.

La identificación de los principales puntos críticos del país y la implementación de corredores seguros, con fiscalización inteligente en los horarios de mayor siniestralidad, debe formar parte de una estrategia nacional. No basta con colocar agentes en las calles después de que ocurre una tragedia; hay que anticiparse al riesgo.

Sin embargo, ninguna campaña gubernamental será suficiente si los ciudadanos no asumen su responsabilidad.

Manejar no es un acto individual cuando de esa conducta depende la vida de otras personas. Respetar una señal de tránsito, utilizar el casco, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, reducir la velocidad y no utilizar el teléfono mientras se conduce son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia entre regresar a casa o no hacerlo.

DominicanosHoy considera acertado que la seguridad vial sea abordada como una emergencia de salud pública. El país no puede acostumbrarse a que ocho personas mueran diariamente en las vías y asumirlo como un hecho inevitable.

La mesa técnica propuesta entre MOCHOTRAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y las empresas del sector puede convertirse en un mecanismo útil, siempre que tenga metas verificables, plazos definidos y evaluación permanente.

El compromiso debe medirse en vidas salvadas, no en reuniones celebradas.

El Gobierno ha dado un paso al sentarse con el sector transporte. Ahora corresponde a los transportistas demostrar que están dispuestos a cumplir; a las autoridades, fiscalizar sin privilegios; y a los ciudadanos, asumir que la seguridad vial comienza también con cada decisión que se toma detrás de un volante o sobre una motocicleta.

La tragedia de los accidentes de tránsito no puede seguir siendo normal. República Dominicana necesita convertir la seguridad vial en una verdadera política de Estado y asumir, como sociedad, un pacto por la vida en las vías.