La reciente afirmación del general de división retirado Alberto Asarta Cuevas ha generado un amplio debate en España: «Una frontera no empieza a perderse cuando miles de personas consiguen cruzarla; empieza a perderse cuando un Estado deja de demostrar que está dispuesto a defenderla.»

Sus palabras no provienen de un observador cualquiera. Asarta dedicó más de cuarenta años al Ejército de Tierra español, participó en diversas operaciones internacionales y llegó a comandar la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). Su reflexión surge en medio de la presión migratoria que enfrentan Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en el norte de África donde el control fronterizo constituye uno de los principales desafíos para el Estado.

Sin pretender equiparar realidades diferentes, esa reflexión también ofrece enseñanzas para la República Dominicana. Todo Estado tiene el derecho y el deber de proteger sus fronteras, preservar su soberanía y hacer cumplir sus leyes migratorias. La autoridad del Estado se mide por su capacidad para ejercer esas responsabilidades con continuidad, profesionalismo y apego a la ley.

En ese contexto, es justo reconocer los esfuerzos que viene realizando la Dirección General de Migración para fortalecer su capacidad operativa mediante nuevas medidas, una mayor capacitación de su personal, mejores procesos de entrenamiento y una estructura institucional cada vez más profesional. Una institución preparada actúa con mayor eficacia, reduce la improvisación y fortalece la confianza de la ciudadanía.

Sin embargo, sería un error creer que la gestión migratoria descansa únicamente sobre esa institución. Aunque la Dirección General de Migración es, por mandato legal, el organismo rector de la política migratoria y la autoridad competente para controlar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros, su misión depende del trabajo coordinado de otros actores igualmente esenciales.

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones del Estado forman parte de un mismo sistema.

Cada una cumple una función específica dentro de una estrategia nacional cuyo éxito depende de la coordinación, el intercambio de información y la unidad de propósito. Cuando alguno de esos componentes falla, la política migratoria pierde efectividad.

La firmeza, sin embargo, nunca debe confundirse con arbitrariedad. Defender la soberanía implica hacer cumplir la ley, pero también respetar la dignidad inherente de toda persona. Esa es la diferencia entre un Estado fuerte y un Estado autoritario: el primero ejerce su autoridad dentro del marco jurídico y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

La migración no es un problema exclusivo de la Dirección General de Migración. Es un asunto de seguridad nacional, de política exterior, de desarrollo y de gobernanza. Por eso, la defensa de la soberanía exige una visión integral, donde cada institución cumpla su responsabilidad con disciplina, coordinación y sentido de Estado.

La República Dominicana continuará fortaleciendo su soberanía en la medida en que combine una frontera segura, instituciones profesionales y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana. Ese equilibrio, más que una aspiración, constituye la verdadera esencia de un Estado democrático y soberano.