Santo Domingo, D. N.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que preside el ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), presentó una propuesta de reforma tributaria alterna a la del Gobierno, sustentada en dos pilares: un ITBIS más bajo y de base más amplia, y un impuesto sobre la renta que respete los gastos de vida del trabajador asalariado. La iniciativa se sintetiza en el lema histórico de la organización: “ni injusticias, ni privilegios”.

El primer pilar se concentra en el ITBIS, el principal impuesto al consumo del país. El PRSC propone reducir su tasa general del 18% —hoy la cuarta más alta de América Latina—, al 16%, de modo que casi todo lo que compran las familias dominicanas pague dos puntos menos de impuesto. Al mismo tiempo, plantea ampliar la base del tributo; es decir, cobrarlo sobre una parte de los bienes y servicios que hoy están exentos.

La razón, explica el partido, es que esas exenciones generalizadas no favorecen realmente a los más pobres, sino sobre todo a los hogares de mayores ingresos, y le cuestan al Estado, según datos oficiales, más de RD$213,000 millones al año.

Las cifras oficiales lo confirman: el 20% más rico de la población (quintil 5) capta el 30.3% del beneficio de esas exenciones, más del doble de lo que recibe el 20% más pobre (quintil 1), que apenas alcanza el 13.3%; y los dos quintiles de mayores ingresos, juntos (Q5+Q4), concentran el 50.9% de ese beneficio.

En los hechos, la exención generalizada opera como un subsidio mal dirigido que regala más de la mitad de su ayuda a quien menos la necesita: un privilegio disfrazado de protección social.

Para que la ampliación no golpee a las familias vulnerables, el PRSC propone mantener exenta una canasta básica de alimentos, medicamentos y servicios esenciales, y crear un “Bono Compensación ITBIS” focalizado en los dos quintiles más pobres, que podría entregarse a través de uno de los programas de asistencia social ya existentes, como Supérate o Aliméntate.

“Una reforma justa no se construye cobrándole más al que siempre cumple, sino poniéndole fin a los privilegios de los de siempre”, afirmó Antún Batlle, al subrayar que la mayor fuente de recursos del país no está en el bolsillo del contribuyente formal, sino en racionalizar las exenciones que hoy aprovechan los más favorecidos.

El segundo pilar busca corregir lo que el PRSC califica de injusticia histórica con la clase media: el trabajador asalariado tributa sobre su ingreso bruto, mientras las empresas y los profesionales independientes deducen los gastos necesarios para producir su renta.

La propuesta plantea permitir al asalariado deducir, mediante facturación electrónica, gastos de salud, educación, vivienda y ahorro para el retiro, e indexar de forma automática al IPC la escala del impuesto, congelada desde 2017, para frenar el aumento silencioso que provoca la inflación.

El dirigente reformista, quien ha insistido en que la evasión fiscal supera la mitad de lo que debería percibir el Estado y recae sobre todo en la clase media, sostuvo: “No es justo que al trabajador se le grave el sueldo como si no tuviera que comer, curarse, educarse y pagar su vivienda”.

El planteamiento del PRSC parte de una premisa técnica: el país no recauda poco por tener tasas bajas —de hecho están por encima del promedio regional—, sino por cobrarlas con una eficiencia muy inferior a la de América Latina. Cerrar esa brecha aportaría alrededor de cuatro puntos del PIB, más de lo que rinde cualquier alza de tasas.

“No se trata de inventar impuestos ni de exprimir al que siempre paga, sino de que el Estado cobre con eficiencia lo que ya se le debe”, afirmó el dirigente reformista.

De acuerdo con las estimaciones del partido —que califica de preliminares e ilustrativas—, el conjunto de las medidas recaudaría de forma neta alrededor de RD$44,000 millones, cifra prácticamente equivalente a la del plan oficial, pero alcanzada por una vía distinta: rebajando la tasa al consumidor, compensando a los más pobres y aliviando a la clase media.

El financiamiento, precisó, provendría de la ampliación de la base y del combate a la evasión, y no del impuesto a los cheques ni de sobretasas temporales que desaparecen a los tres años.
El PRSC rechaza, de manera particular, el aumento del impuesto a los cheques y transferencias de 0.15% a 0.20% que contempla el plan oficial.

En esto coincide con reputados economistas, que han advertido que se trata de un tributo en cascada y distorsionante: encarece artificialmente las operaciones de quienes pagan por canales formales, tiende a derrotarse a sí mismo —porque a mayor tasa, mayor es el incentivo para eludirlo, retirando efectivo o moviendo fondos por vías exentas— y resulta regresivo, pues los grandes contribuyentes disponen de instrumentos para esquivarlo de los que el ciudadano común carece. Por eso el partido sostiene que un gravamen así solo se justifica en situaciones fiscales extremas y por poco tiempo, y que en un sistema tributario sano debería tender a desaparecer o a una tasa mínima, no como recaudador, sino como fuente de información para combatir la evasión.

“Se puede recaudar lo que el país necesita con una tasa más baja, si se le cobra a todos y se le devuelve al que menos tiene; pero el Estado debe dar el ejemplo con austeridad y reglas claras”, concluyó el líder reformista, quien reiteró el llamado de su organización a un verdadero pacto fiscal construido sobre amplios consensos.