Santo Domingo.- La violencia contra las mujeres continúa cobrando vidas en República Dominicana y en los primeros meses de 2026, al menos 39 mujeres han sido asesinadas en hechos vinculados a violencia de género o feminicidios, una cifra que evidencia el agravamiento de una problemática que sigue golpeando a familias, al dejar huérfanos a decenas de niños en diferentes y comunidades en todo el territorio nacional.

Las estadísticas oficiales muestran una tendencia preocupante. Entre enero y marzo, el Ministerio Público registró 22 feminicidios y más de 17,500 denuncias por violencia de género e intrafamiliar, reflejando la magnitud de una crisis que exige respuestas más contundentes de las instituciones responsables de la prevención y protección de las víctimas.

A su vez, el Ministerio de Interior y Policía informó que los feminicidios registraron un aumento superior al 36 % en comparación con el mismo período del año anterior, una señal de alerta que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y sectores de la sociedad civil.

Los reportes más recientes sitúan la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas entre 30 y 39 casos en lo que va de año, con episodios particularmente alarmantes ocurridos en distintas provincias del país. Entre los hechos que más conmoción han causado figuran asesinatos cometidos en presencia de hijos menores, ataques perpetrados pese a la existencia de denuncias previas por violencia y casos en los que los agresores se suicidaron tras cometer los crímenes.

Las provincias con mayor incidencia de estos hechos son el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata, demarcaciones que concentran una parte significativa de las denuncias y de los casos fatales registrados durante 2026.

Especialistas en violencia de género advierten que detrás de cada feminicidio existe un historial de agresiones, amenazas o señales de riesgo que muchas veces no reciben la atención necesaria. Por ello, consideran urgente fortalecer los mecanismos de protección, ampliar la capacidad de respuesta de las unidades especializadas y garantizar el seguimiento efectivo de las órdenes de alejamiento y medidas cautelares.

La creciente cantidad de víctimas constituye un llamado de atención para las autoridades, que enfrentan el desafío de reforzar las políticas de prevención, mejorar la coordinación interinstitucional y asegurar que las mujeres en situación de riesgo reciban protección oportuna antes de que la violencia escale hasta consecuencias irreparables.

Mientras las cifras continúan aumentando, organizaciones sociales insisten en que el combate a la violencia de género debe convertirse en una prioridad nacional para evitar que más mujeres pierdan la vida a manos de quienes alguna vez fueron sus compañeros sentimentales.