Santo Domingo.– Con sentimientos de tristeza, impotencia e inconformidad, familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set abandonaron este lunes la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que el juez de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispusiera la apertura de juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por presunto homicidio involuntario.

La decisión judicial generó descontento entre los afectados, quienes esperaban que el tribunal acogiera la solicitud de varios querellantes de modificar la calificación jurídica de los hechos a una figura penal más grave, bajo el argumento de que existían elementos suficientes para sustentar la existencia de dolo eventual.

Durante la audiencia, el magistrado Mejía explicó que no observó la configuración de esa figura jurídica en el caso. “No hay dolo eventual en un derrumbe donde una de las imputadas estuvo dentro del centro y no se puede equiparar esa conducta a la de una persona que dispara en un lugar concurrido”, argumentó al justificar su decisión.

Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el razonamiento del tribunal no responde a la magnitud de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó alrededor de 180 heridos la madrugada del 8 de abril de 2025.

Luis Miguel Custodio, hermano de una de las víctimas mortales y representante del Movimiento Justicia Jet Set, calificó la decisión como “insuficiente” e “insatisfactoria”.

“El juez hizo un amplio esfuerzo por explicarnos por qué entiende que no existe dolo eventual, pero nosotros seguimos creyendo que debe imponerse una pena proporcional a la magnitud de los hechos ocurridos”, expresó ante periodistas en los jardines del Palacio de Justicia.

Custodio sostuvo que, a su juicio, hubo oportunidades para evitar la tragedia minutos antes del colapso del techo del establecimiento. “El verdadero dolo eventual ocurrió cuando todavía había tiempo de evacuar y evitar que cientos de personas murieran. El hecho de que uno de los propietarios estuviera dentro del local no elimina las responsabilidades que puedan existir”, manifestó.

Asimismo, aseguró que los familiares de las víctimas continuarán impulsando acciones legales y reclamando justicia. “No nos vamos a detener. Seguiremos luchando hasta el final para que este caso reciba la atención y las consecuencias que entendemos merece”, afirmó.

Durante la espera de la decisión judicial, decenas de familiares y allegados de las víctimas permanecieron en las afueras del tribunal portando consignas y exigiendo justicia. Tras conocerse el fallo, algunos manifestaron su indignación y lanzaron consignas contra los propietarios del centro nocturno cuando estos abandonaban la sede judicial bajo medidas de seguridad.

El juez Mejía ordenó la apertura de juicio de fondo para que los hermanos Espaillat respondan ante un tribunal de juicio por los cargos que se les imputan. Además, mantuvo las medidas de coerción previamente impuestas y dispuso la inmovilización de bienes por un monto de hasta RD$500 millones como garantía del proceso.

De acuerdo con el Código Penal dominicano vigente al momento de los hechos, el homicidio involuntario es un delito derivado de imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos, cuyas penas pueden oscilar entre tres meses y dos años de prisión correccional, además de multas y posibles indemnizaciones civiles para las víctimas. Precisamente este aspecto ha sido uno de los principales puntos de cuestionamiento por parte de familiares y sobrevivientes, quienes consideran que las sanciones contempladas para esta figura penal resultan desproporcionadas frente a una tragedia que dejó cientos de muertos y heridos.