Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional fijó para el próximo 30 de julio el inicio del juicio de fondo contra el comunicador Ángel Martínez, quien enfrenta acusaciones de presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La audiencia fue programada para las 9:00 de la mañana por el tribunal presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, luego de que el expediente fuera asignado mediante un proceso de sorteo aleatorio computarizado realizado por la presidencia de las Cámaras Penales del Distrito Nacional.
El proceso judicial avanza después de que el juez Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitiera un auto de apertura a juicio contra el comunicador, acogiendo en todas sus partes la acusación presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
Según el expediente acusatorio, Martínez habría difundido a través de diversas plataformas digitales informaciones consideradas falsas y lesivas para el honor y la reputación de la funcionaria.
El Ministerio Público sostiene que las publicaciones realizadas por el imputado constituyen una violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona la difusión de contenidos difamatorios e injuriosos mediante medios electrónicos.
La acusación establece que el comunicador habría formulado señalamientos sin sustento legal ni pruebas que los respaldaran, con el propósito de afectar la imagen pública, profesional y personal de la ministra.
Con la fijación de la audiencia de fondo, el caso entra en una nueva etapa procesal en la que el Ministerio Público y la parte querellante deberán presentar las pruebas que sustentan la acusación, mientras que la defensa de Martínez tendrá la oportunidad de rebatir los señalamientos y exponer sus argumentos ante el tribunal.
El juicio ha generado amplio interés público debido a la notoriedad de las partes involucradas y al debate que ha suscitado en torno a los límites entre la libertad de expresión y la protección del derecho al honor en el entorno digital.
