Por: Franklin Castillo
Dos semanas después de la breve alocución del presidente Luis Abinader, en la que ordenó la paralización de las actividades relativas al proyecto Romero, en San Juan de la Maguana, la empresa minera canadiense GoldQuest acogió la disposición y procedió a retirar sus equipos, según explicó, para llevar tranquilidad a la comunidad y evitar situaciones mayores.
No obstante, estas medidas, representantes de organizaciones y grupos ambientalistas que durante años han luchado para impedir la explotación minera esperan del Gobierno una decisión definitiva, respaldada jurídicamente mediante un decreto presidencial. Aun así, con sus pronunciamientos, el mandatario ya obtuvo ganancias tanto en el plano social como en el político.
En el ámbito social, logró detener las constantes manifestaciones, evitando posibles enfrentamientos entre agentes del orden y comunitarios y, en consecuencia, eventuales pérdidas humanas. La medida también generó tranquilidad en cientos de familias de San Juan y de otras provincias del Sur que se sentían amenazadas ante una eventual explotación minera.
En el plano político, el presidente Abinader consiguió desmontar el discurso de “doble moral” sostenido por partidos de oposición, especialmente por Fuerza del Pueblo, cuyos dirigentes, más que procurar evitar la explotación minera y posibles pérdidas humanas, parecían buscar capital político atrayendo nuevos adeptos mediante el temor generado entre los habitantes de la zona. Muchos de ellos veían sus vidas y bienes amenazados debido a experiencias previas relacionadas con la explotación minera en Pueblo Viejo, Cotuí, y otras partes del país.
Con una activa participación en redes sociales y medios de comunicación, sectores opositores pretendían empujar al presidente a asumir una posición distinta, pese a que las concesiones de exploración a favor de GoldQuest fueron otorgadas durante las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, encabezadas por el doctor Leonel Fernández, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, en 2005, y posteriormente durante el gobierno del licenciado Danilo Medina, en los años 2010 y 2014.
Además de responsable, la medida fue políticamente acertada por parte del presidente, ya que, según establece la Constitución, no puede volver a aspirar al cargo. Otorgar un permiso de explotación no solo habría generado desgaste en su valoración como mandatario, sino que también podría provocar una eventual derrota para el candidato o candidata que presente su organización política en las elecciones de 2028. A esto se suma que no tendría oportunidad de administrar los recursos derivados de dicha actividad minera.
Aunque el presidente ha sido objeto de múltiples críticas por los constantes “avances y retrocesos” que, según algunos sectores, caracterizan varias de sus decisiones cuando enfrentan reacciones adversas, la medida sobre el proyecto Romero puede considerarse una jugada política inteligente. Como se dice en el baloncesto, dejó “la bola en la cancha” del próximo gobernante.
Asimismo, puede interpretarse como una doble jugada: por un lado, logró detener las actividades técnicas y propiciar el retiro de los equipos de la Cordillera Central; pero, por otro, dejó abierta la posibilidad de que, en un futuro gobierno, GoldQuest pueda alcanzar sus objetivos de explotación, ya sea en Romero o en alguno de los otros 13 puntos donde, según ambientalistas, existen reservas de oro y sobre los cuales la empresa posee concesiones de exploración.
