El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó este jueves al tribunal que se mantenga la prisión preventiva contra los imputados en el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que las defensas no han presentado elementos nuevos que justifiquen un cambio en la medida.

Durante la audiencia de revisión obligatoria ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Camacho argumentó ante el juez Deiby Timoteo Peguero que los documentos depositados por los abogados carecen de la “novedad y suficiencia” requerida por el Código Procesal Penal para variar una medida de coerción.

El procurador adjunto explicó que no cualquier documento puede ser considerado un nuevo presupuesto legal, sino únicamente aquellos que resulten relevantes y capaces de desvirtuar el peligro de fuga. En ese sentido, cuestionó la presentación de cartas de asociaciones y recibos de servicios básicos como prueba de arraigo.

Asimismo, rechazó el argumento de uno de los imputados que alegó su condición de abogado para solicitar su libertad. “El hecho de ser abogado no puede constituir un privilegio; por el contrario, quien conoce la ley tiene mayor conciencia del daño que causa al Estado”, sostuvo.

Camacho también calificó como insuficientes las alegaciones relacionadas con problemas de salud de familiares, recordando que la legislación solo contempla la variación de medidas en casos de enfermedades graves o terminales del propio imputado.

El representante del Ministerio Público enfatizó la gravedad de los hechos investigados, señalando que los fondos presuntamente sustraídos estaban destinados a garantizar servicios de salud a sectores vulnerables. “No se trata solo de cifras; ese dinero representa tratamientos y medicamentos que hoy pueden faltar a quienes más lo necesitan”, expresó.

En ese contexto, el órgano acusador solicitó al tribunal rechazar los pedimentos de la defensa y mantener tanto la prisión preventiva como las demás medidas de coerción, alegando que persiste el riesgo procesal y que el daño al patrimonio público sigue siendo significativo.

En el proceso figuran como imputados Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes han solicitado la variación de las medidas impuestas en su contra.