Santo Domingo.– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer la recusación presentada contra la jueza Isis Muñiz, quien dirige la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.

Mediante la Resolución número 49-2026, el alto tribunal estableció que el proceso de recusación debe agotarse en la instancia correspondiente antes de escalar a la Suprema, conforme a lo establecido en los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal.

Caso pasa a la Corte de Apelación

La Suprema ordenó remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, órgano que ahora deberá decidir si procede apartar a la magistrada del caso.

Serán los jueces no recusados de esa corte quienes evaluarán los argumentos presentados por la defensa del fiscal.

Argumentos de la defensa

Los abogados de Valdez Alcántara alegan falta de imparcialidad de la jueza Muñiz, debido a que previamente autorizó diligencias clave de la investigación, incluida la entrega vigilada del dinero del supuesto soborno.

La magistrada rechazó las objeciones y decidió no inhibirse del proceso.

Contexto del caso

El Ministerio Público acusa al fiscal de recibir dinero de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud.

Por la gravedad del caso, el órgano acusador ha solicitado un año de prisión preventiva, alegando riesgo de obstrucción de la investigación debido a la posición del imputado dentro del sistema judicial.

Enfoque institucional

Con esta decisión, la Suprema reafirma el respeto a la jerarquía y competencias de los tribunales, garantizando que el proceso continúe conforme a los procedimientos establecidos por la ley.