Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, ha comenzado este jueves una primera discusión sobre el proyecto de una ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos desde 1999, año en que el hoy fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la Presidencia del país.
El proyecto tiene 13 artículos y establece las disposiciones generales «destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación» y «los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación», según la exposición de motivos compartida por un diputado bajo condición de anonimato.
La propuesta se presentó el 30 de enero por Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en suelo venezolano.
De acuerdo a la exposición de motivos, se busca «la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad», mediante «la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos».
«Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación», señala.
Proceso legislativo para aprobar la ley
Tal como lo había adelantado Rodríguez en su discurso, en el documento se plantea que quedan excluidos de sus beneficios «aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas».
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, y la última propuesta de ley que se presentó el pasado 27 de enero por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad para «todas esas personas que han sido perseguidas» o «privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
