Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras la acción militar de EE. UU en Venezuela que los trasladó a ese país.
Fuentes judiciales confirmaron que ambos serán presentados ante el juez Alvin K. Hellerstein en Manhattan, a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
Desde la noche del sábado, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad que alberga a procesados por causas de elevada complejidad penal.
Cargos federales y procedimiento
Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichos artefactos. Las acusaciones sostienen que habría liderado durante años una estructura criminal que utilizó el tráfico de drogas como instrumento contra EE. UU.
Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero relacionadas con la misma red, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
En audiencias de este tipo, el tribunal procede a la lectura formal de los cargos, la verificación de identidad y la definición de aspectos preliminares, como la detención preventiva o la designación de defensa legal.
De acuerdo con reportes de The New York Times y CBS News, es probable que ambos queden en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.
Comunicado de autoridades estadounidenses
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la Administración para el Control de Drogas, en el que se indicó que la operación de captura requirió meses de planificación y se realizó en estricta conformidad con la ley estadounidense.
El texto señala que la misión tuvo como objetivo garantizar el traslado seguro de los acusados para que enfrenten cargos federales vinculados a una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos relacionados, que, según Washington, contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región.
