El colapso del techo en la discoteca Jet Set, la madrugada del 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas y más de 200 resultaron heridos, constituye en la información más triste y relevante ocurrida en la República Dominicana durante este año.
El techo de este emblemático centro nocturno en Santo Domingo se derrumbó durante un concierto de Rubby Pérez, dejando un dolor todavía latente en el país, pues no ha pasado nada en la justicia.
Tras la tragedia, las autoridades iniciaron procesos penales por fallas estructurales y negligencia, convirtiéndose en uno de los casos judiciales más sonados del año.
Detalles del incidente
Una falla estructural masiva provocó que el techo se desplomara aproximadamente a las 12:44 de la madrugada, atrapando a cientos de asistentes bajo escombros y pesadas estructuras de iluminación.
Entre las víctimas mortales se encuentra el cantante Rubby Pérez, quien murió tras quedar atrapado bajo los escombros; también se reportó la muerte de figuras como la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, y los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Blanco, entre otro más.
El proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, se encuentra en una etapa crítica de acusación formal y preparación para juicio.
El 7 de noviembre de 2025, el Ministerio Público presentó la acusación formal y el requerimiento de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno, a quienes se les imputa homicidio involuntario (artículos 319 y 320 del Código Penal), delito que conlleva penas de entre tres meses y dos años de prisión.
Actualmente, los hermanos Espaillat permanecen en libertad bajo fianza tras el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos; medida ratificada por la Corte de Apelación en agosto de 2025, a pesar de los recursos interpuestos por las víctimas y el Ministerio Público para exigir prisión preventiva.
Informes periciales concluyeron que el techo falló debido a una sobrecarga inducida por la instalación de tinacos de agua y casetas de aluzinc, además de modificaciones estructurales no autorizadas y falta de mantenimiento.
Los fiscales sostienen que los propietarios ignoraron advertencias previas y utilizaron «soluciones paliativas inadecuadas» para ahorrar recursos, a pesar de tener evidencia visual de los daños en el techo antes del desplome.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha fijado para el 12 de enero de 2026 la audiencia de solicitud de apertura a juicio, donde se determinará si el caso cuenta con pruebas suficientes para pasar a la fase de juicio de fondo.
Hasta el momento, los familiares de las víctimas —incluida la del merenguero Rubby Pérez—, continúan exigiendo justicia y criticando la lentitud del proceso, calificando de «ausente» la respuesta judicial efectiva a ocho meses de la tragedia.
