Adultos mayores considerados una carga para las ARS, quedan desprotegidos sin seguro médico

Por: Claudia Fernández / panorama.com.do

Entre las grandes deficiencias del régimen de salud actual, la falta de protección y cobertura de una gran masa poblacional, como la envejeciente, coloca, entre la inequidad y la desprotección a miles de personas que no tienen acceso a un seguro que les garantice la cobertura mínima de salud, a pesar del mandato de ley. Están entre la espada y la pared.

nvejecemos demográficamente, es decir, que día a día aumenta el número de personas mayores. Pero no es un fenómeno particular, no. Constituye una situación regional, y podría decirse que mundial, salvo excepciones en países asiáticos y africanos. Lo cierto es que la población dominicana envejece, según revela la Oficina Nacional de Estadística en su boletín Demográfico y Social de 2024.

Los programas de control de la natalidad, implantados a la fuerza por Estados Unidos para frenar el crecimiento demográfico de países en desarrollo, provocaron que la población de mayor edad aumentara, hasta llegar a los niveles de hoy, y República Dominicana no es la excepción. Nos convertimos en una sociedad de envejecientes, pero nadie se duele ni se conduele de la situación que enfrentan miles de dominicanos que rondan o pasan de los 60 años, con respecto a la calidad del servicio de salud que reciben.

La inequidad, factor constante en el sistema legislativo nacional, establece normas y marcos legales, que, en la realidad no se cumplen mínimamente, especialmente cuando de la cobertura de salud a los envejecientes se refiere.

Parecería que se trata de aislar o sacar del sistema de salud a esta gran masa poblacional, que llega al final de sus días desprotegida, tanto por las ARS privadas como la del sector público, como lo demuestran los escándalos surgidos en el seno del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Ni hablar de la entidad encargada de ser guarda y custodia de las personas mayores, es decir, las que tienen 60 o más años de edad, el Consejo Nacional para Envejecientes (Conape), otra entidad que fluctúa entre la inoperancia y la indiferencia ante los problemas de cientos de miles de personas que se ven abandonadas a su propia suerte.

De la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), mejor es no mencionarla, un trabajo de denuncias, pero nada de accionar, un trabajo de supervisión que se queda en el papel, que lo aguanta todo.

Lo cierto es que la desprotección es el norte y guía para los envejecientes dominicanos, que como la voz que clama en el desierto, no saben qué hacer ante un sistema que poco a poco los aísla y los sumerge en el oscuro mundo del silencio y la desprotección social. ¡Se los traga!

Entre lo mediático y lo cotidiano, el aislamiento social en el ámbito de la salud

Veinticuatro años después de su promulgación, parece que la Ley 87-01 se ha quedado en el vacío institucional, especialmente en lo que se refiere a los adultos mayores, esos que ven llegar el final de sus días sin un organismo que los proteja, mucho menos una ley, ya desfasada y estancada.

Aparte de todo esto, ¿qué decir de las ARS privadas? 17 en total, según los datos que aporta en su portal web la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), empresas que reciben, mes tras mes, grandes cantidades de dinero de parte del Estado para cumplir sus compromisos, ¿con quién? con los envejecientes no, claro que no. Ellos son los excluidos, los abandonados, los desarraigados de los beneficios de la seguridad social.

Si usted se acerca a la edad fatídica (60 años), no se le ocurra tratar de conseguir un seguro privado de salud. Se la ponen en China. Primero, debe llenar un formulario, luego, debe aprobarlo un comité de la ARS elegida. Una semana después, llaman para indicarte un centro médico donde acudir para hacerte un examen físico, debiendo pagar por este de mil 500 a 3,000 pesos, depende de la edad.

Hasta SeNaSa implementó un seguro adicional (Seguro Larimar), dirigido de manera específica a envejecientes que necesitan un complemento a su plan básico de salud, pero en este caso también las quejas son muchas y diversas, ya que no siempre se cumple con lo prometido.

La vejez se convierte en una carga y un negocio para estas empresas y las prestadoras de servicios en general (clínicas, farmacias, servicios médicos, por solo mencionar unos cuantos).

Una cosa es con guitarra y la otra, con violín

Para aclarar un poco la situación actual de los adultos mayores y la seguridad social, Panorama entrevistó al creador, diseñador y redactor de la Ley 87-01, Arismendi Díaz Santana, quien desnudó un entramado de corrupción general, desde el Estado hasta el sector privado. Preocupante, ¿verdad?

Atribuye la ineficiencia en la cobertura de salud, especialmente a la población envejeciente del país, “al incumplimiento de la Ley 87-01 de Seguridad Social, porque esta establece el derecho al plan Básico de Salud de todos los jubilados y pensionados”.

Todavía, 24 años después de la promulgación de la Ley, se alega que no existen recursos para ello, “pero, sin embargo, se acaban de asignar 6,000 millones de pesos del Seguro de Riesgos Laborales para rescatar al SENASA, a pesar de que la Ley no lo permite”.

Pero, además afirma que, “se utilizan fondos millonarios del Seguro Familiar de Salud (SFS), para cubrir la atención médica por accidentes de tránsito a pesar de estar explícitamente prohibido”, expresa Díaz Santana.

Sin comentarios al respecto. Si eso lo manifiesta el creador de la legislación de la que hablamos, ¿qué se puede esperar? Que la tierra se trague a la gran masa de adultos mayores que no tienen voz que clame por ellos, ni un defensor que los proteja.

Y a propósito de defensores, ante esta situación de inequidad, riesgos de salud, desprotección social, la voz del defensor del pueblo se ha apagado. Ya no se escucha ni en los centros espiritistas. ¿o lo que sucede con miles de envejecientes, que supuestamente tienen acceso de una manera u otra a los servicios de la seguridad social, y son aislados, no es una violación a los derechos humanos?

Una jugada maestra, eliminación poco a poco, de la cobertura del Plan Básico de Salud a mayores de 60 años

Muy bajo, con temor, miedo, se habla de un plan para sacar, poco a poco, del Plan Básico de Salud, aumentando los pagos de consultas y en contubernio con empresas farmacológicas y farmacias eliminar del plan medicamentos de alto y mediano costo, para ir dejando a su suerte a esta masa poblacional, que impotente, no sabe qué hacer. Y los rumores aumentan, con lo ocurrido en la ARS estatal Servicio Nacional de Salud.

Lo nunca antes visto. Cuestionado sobre esta situación, Díaz Santana dice con contundencia “cualquier restricción de esta naturaleza solo la puede establecer el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), órgano rector del sistema de salud, previa formulación y ponderación de la Sisalril, ya que, “las ARS son solo administradoras y, por lo tanto, están obligadas a ceñirse estrictamente a tales disposiciones. Es posible que exista alguna irregularidad, en cuyo caso compete a la Sisalril establecerla y sancionarla como dispone la Ley de Seguridad Social”.

Entonces, preguntamos, ¿en manos de quién está el pandero?, es un ¡sálvese el que pueda!, si es que alguien puede salvarse.

Un adulto que se acerca o sobrepasa los 60 años en República Dominicana, no cuenta con un régimen de salud eficiente y que le garantice la debida atención y cobertura.

La afirmación es de Arismendi Díaz Santana, diseñador del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), quien también redactó la Ley 87-01, que sustenta el régimen de seguridad social, salud y pensiones.

Refiere que el 97% de la población cuenta con seguro, especialmente en el régimen subsidiado, pero también menciona grandes y graves deficiencias en su implementación.

Sobre el tema, indica que grandes deficiencias afectan al régimen de manera total, y menciona entre los principales problemas el “alto gasto familiar de bolsillo (42% del gasto total);

Predominio de un seguro de enfermedad (medicina curativa), en vez de un seguro de salud real; la imposición de copagos ilegales no previstos en la Ley 87-01; ausencia de atención primaria como puerta de entrada de la red nacional de salud: predominio de los medicamentos patentados reduciendo la cobertura de este vital servicio; ausencia de un verdadero Plan Básico de Salud (PBS); ausencia de un récord digital único de cada afiliado, entre otros.

Pero ahí no termina el asunto, todo lo anterior provoca que el Seguro Familiar de Salud esté a “medio talle”, dice Díaz Santana, porque ya alcanzó la cobertura de afiliados prevista (cambios cuantitativos) “pero todavía no ha realizado ninguna de las reformas cualitativas previstas en la ley para elevar la calidad y oportunidad del cuidado de la salud”.

Califica de muy baja la calidad de los servicios ofrecidos en hospitales y centros de salud estatales, lo que “obliga a la mayoría a acudir a las clínicas privadas incurriendo en gastos millonarios de bolsillo”.

Ahora, ¿a quién toca solucionar este problema? ¿Al Ministerio de Salud Pública, al Consejo Nacional de Seguridad Social, a la Sisalril? Estas entidades están bajo el cuestionamiento público, sin mencionar la situación que enfrenta el SeNasa. Todavía no se sabe.

Y continúa el cuento de nunca acabar. Mientras tanto, ¿hasta cuándo?

Los datos no mienten, ni dejan mentir, y lo mejor es hablar de manera directa con los afectados por un régimen de salud que los deja a expensas de la comercialización burda del sistema de salud. Y también los quieren sacar del sistema.

Un envejeciente con el plan básico de salud, que recibe, por ejemplo, 15 mil pesos mensuales, con problemas de salud comunes –hipertensión, problemas coronarios, vasculares, cataratas, problemas auditivos—por solo mencionar algunos de los más sencillos—y debe acudir mensualmente al especialista, la entrada económica queda casi en cero.

Cardiólogo –de dos mil a dos mil 500 pesos la consulta cada dos meses–; oftalmólogo –de dos a tres mil pesos la consulta. Problemas vasculares –dos mil a dos mil 500 consulta-. Solo en tres especialistas el envejeciente debe gastar, cerca de 8 mil pesos, sin contar el costo de ciertos medicamentos que no cubre el seguro y hay que pagarlos cueste lo que cueste. Esto, sin contar con los análisis, pruebas, estudios y demás sin cobertura. Ahí se paran las aguas.

Sobre el tema, el entrevistado por Panorama, enfatiza en el hecho de que la esperanza de vida está creciendo cada década, lo cual es signo de progreso, “pero al mismo tiempo encarece el costo de cada pensionado o jubilado. En estas dos décadas la longevidad ha crecido en 7 años, mientras las aportaciones y los años de cotización permanecen inmutables”.

La situación de los envejecientes en el país se torna cada día más difícil, con un sistema de salud corrupto en todos los sentidos. De ser cierta la denuncia que indica un plan mediático para sacar a un conglomerado de adultos de más de 60 años, que aportan al Estado religiosamente, quieran o no, por sus aportes. ¿A qué se apuesta en esta ocasión? Los datos están ahí, ¿qué responden las autoridades? Habrá que esperar.

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