Un avión charter de Korean Air partió este miércoles desde Seúl hacia Atlanta para repatriar a más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos durante redadas migratorias en Georgia, Estados Unidos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur advirtió que, pese a sus planes, la operación podría retrasarse por “circunstancias estadounidenses” y confirmó que mantiene consultas con Washington “para garantizar su salida lo antes posible”.
Las imágenes difundidas por ICE de trabajadores encadenados y esposados generaron frustración y protestas en todo el espectro político surcoreano, Corea del Sur, un aliado histórico de Estados Unidos, comprometió este año cientos de miles de millones de dólares en inversión en la economía norteamericana, “Realmente no es forma de tratar a tus amigos”, señaló Cho Hee-kyoung, profesor de derecho en la Universidad Hongik de Seúl.
El gobierno de Seúl había anunciado un acuerdo con funcionarios estadounidenses para liberar a los trabajadores, aunque los detalles aún no se habían ultimado. Las negociaciones se centran en permitir su salida bajo la figura de “salida voluntaria”. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, viajó a Washington y tenía prevista una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca.
Los trabajadores fueron arrestados el 4 de septiembre durante una redada de ICE en la planta de baterías en construcción de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en Ellabell, a 40 kilómetros de Savannah. La inversión millonaria surcoreana en Estados Unidos busca impulsar la producción de vehículos eléctricos, pero el operativo migratorio amenaza con enfriar los acuerdos. Empresarios en Seúl advirtieron que la crisis podría frenar futuros proyectos en suelo estadounidense.
Los medios surcoreanos reflejaron la indignación, el conservador Chosun Ilbo pidió negociar cuotas de visas laborales, mientras que Hankook Ilbo alertó sobre el “riesgo Trump” para las inversiones. El diario Hankyoreh acusó a Washington de un “doble trato” hacia un socio estratégico, exfuncionarios como Choi Jong Kun calificaron la situación como una “bofetada en la cara”, recordando que los trabajadores tenían estancias temporales y no buscaban permanecer en Estados Unidos.
Abogados de inmigración sostienen que algunos detenidos estaban autorizados a trabajar. Charles Kuck, representante legal de dos ingenieros, aseguró que sus clientes contaban con exenciones de visa y viajaron a Georgia para asesorar brevemente en la planta de Hyundai. El debate también alcanzó al Congreso estadounidense: legisladores como Young Kim han impulsado proyectos de ley para crear visas E-4 dirigidas a técnicos coreanos, pero la propuesta sigue sin avanzar.
En Seúl, el presidente Lee Jae Myung calificó las detenciones como “infracciones injustas a las actividades de nuestro pueblo y empresas” y reclamó que no se repitan. Corea del Sur recordó además que aloja a unos 28.500 soldados estadounidenses en su territorio como parte de la alianza defensiva frente a Corea del Norte. La tensión creciente pone a prueba la asociación estratégica entre ambos países, mientras Seúl busca garantías para que su inversión multimillonaria no se vea afectada por disputas migratorias.
