El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a nueve personas, incluyendo un fiscalizador, por formar parte de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán, dedicada a borrar y alterar registros de antecedentes penales de ciudadanos a cambio de sobornos.
Entre los condenados figura el fiscalizador Luis Peña Cedeño, quien recibió 10 años de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años, multa de 100 salarios mínimos del sector público y decomiso de todos sus bienes.
También fueron condenados a 10 años de cárcel y multas similares Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona y Víctor Gilberto Mercedes Gómez.
La jueza Keyla Pérez Santana explicó durante el juicio que se comprobó que la red criminal funcionaba mediante el acceso ilícito y la manipulación de la base de datos del Ministerio Público, en especial del sistema de antecedentes penales.
El tribunal también homologó acuerdos que resultaron en penas más leves o parcialmente suspendidas. Entre ellos Mártires Rosario Reyes: 7 años de prisión (3 años y 6 meses domiciliaria, 3 años y 6 meses suspendidos), Alfredo Mirambeaux: 8 años (6 años domiciliaria, 2 suspendidos), Rubén Darío Morban y Luis Alfredo Astacio Polanco: 6 años (3 domiciliaria, 3 suspendidos) y Domingo Julio Santana: 5 años (2 años y 6 meses domiciliaria, 2 años y 6 meses suspendidos).
Tres absueltos
Los imputados Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona fueron absueltos, mientras que las costas fueron declaradas de oficio. Además, se ordenó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Technology, implicada en el esquema, bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
En el proceso, se acogieron criterios de oportunidad para los imputados Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, en virtud de acuerdos con el Ministerio Público, que reconoció su colaboración y grado de participación menor en los hechos.
El Ministerio Público demostró que esta red criminal afectó directamente la seguridad jurídica y el sistema de justicia penal del país. El grupo operaba de forma estructurada como una organización de cibercrimen, alterando registros oficiales mediante el acceso y modificación de bases de datos, lo que permitía a los beneficiarios evadir procesos judiciales y controles migratorios.
Según el fiscal Andrés Mena, el objetivo de la red era obtener beneficios económicos ilícitos mediante el cobro de sobornos en efectivo, transferencias y depósitos, a cambio de borrar antecedentes penales e impedimentos de salida del país.
