La abogada y activista Maxi Feliz, pionera en la defensa jurídica de los derechos de las personas con autismo en República Dominicana, denunció que lo que el Ministerio de Educación (MINERD), en la Dirección de Educación Especial, llama “educación inclusiva” es, en la práctica, un modelo mixto de integración y segregación que contradice los estándares internacionales y vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana y el derecho internacional de los derechos humanos.
Explicó que nuestro modelo educativo incumple con “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) – ratificada por el Estado dominicano y parte del bloque de constitucionalidad (art. 58 Const. RD; Ley núm. 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad – que reconoce la educación inclusiva como principio rector, específicamente, artículo 11; y Ley núm. 34-23 sobre Atención, Inclusión e Integración de las Personas con TEA – que dispone formación docente, protocolos de abordaje, apoyos y sanciones por discriminación, específicamente en sus artículos 13 y siguientes.
Además con el Artículos 39, 63, 38, 43 y el 74, sobre derecho a la igualdad y prohibición de toda forma de discriminación; derecho a la educación, con acceso universal, equidad e inclusión); 38 y 43 derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad y el bloque de constitucionalidad y aplicación directa de los tratados internacionales, respectivamente.
“Cuando el Estado permite que se expulse a un niño por ser diferente, no solo viola leyes nacionales, viola tratados internacionales de derechos humanos, colocándonos en una posición internacionalmente vergonzosa frente a los otros Estados y los organismos internacionales, declaró”, puntualizó la abogada y activista Maxi Feliz.
Feliz, autora de la primera investigación jurídica nacional sobre los derechos de las personas con autismo, compartió el testimonio reciente de una familia que vivió, lo que describe como uno de los momentos más dolorosos de sus vidas, cuando su hijo no fue aceptado en un centro educativo privado.
“Acabo de pasar por la peor situación que una familia con un niño neurodivergente puede vivir: la escuela donde va mi otro hijo me llamó para decirme que no podían aceptar al niño porque ‘no estaban preparados’, alegando que, supuestamente, necesita una educación especial. Nos dijeron que buscáramos otra institución, me siento tan mal que necesitaba desahogarme. De verdad que es injusto lo que pasa en mi país con los niños atípicos”, indicó, tras asegurar que este relato no es un caso aislado, sino un reflejo de lo que viven muchas familias dominicanas a diario”, señaló.
“Nos hablan de inclusión como un derecho, pero las escuelas siguen cerrando sus puertas a niños con diagnósticos. A las familias se les culpa, se les margina y se les empuja a improvisar como terapeutas. ¿De qué inclusión hablamos si nuestros niños siguen saliendo por la puerta trasera del sistema?. La inclusión no se promete, se cumple. Incumplimiento de la Ley 34-23: “La ley está ahí, pero sin voluntad del Estado ni presupuesto es sólo letra muerta”, recordó.
Feliz cuestionó al MINERD, a las escuelas privadas y a las autoridades competentes por el incumplimiento reiterado de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión e Integración de las Personas con Trastornos del Espectro Autista.
“Los centros educativos dominicanos carecen de formación obligatoria y continua para todo el personal docente, protocolos claros de abordaje y acompañamiento individualizado, supervisión efectiva del cumplimiento de ajustes razonables, sanciones reales para instituciones que excluyen por diagnóstico y personal especializado (psicólogos, terapeutas, auxiliares) dentro de las aulas regulares”, aseguró Maxi Feliz.
