Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, advirtió un aumento histórico en el gasto en publicidad oficial del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024. Según su análisis, el gasto se sextuplicó respecto al mismo período de 2023, pasando de RD$491 millones a RD$3,121 millones. Aunque en 2025 se reporta una reducción a RD$2,445 millones, esta cifra sigue siendo significativamente superior a la de 2023.
La entidad señaló que entre las instituciones con mayores incrementos destacan la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Supérate y el Indotel.
«No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos», indica la entidad en un comunicado de prensa.
La organización recuerda que, en respuesta a estas preocupaciones, el presidente Luis Abinader emitió en enero de 2024 el Decreto 1-24, que establece que la publicidad oficial debe tener fines institucionales legítimos, tales como informar a los ciudadanos sobre sus derechos, deberes, servicios públicos disponibles y rendición de cuentas.
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Participación Ciudadana destaca que el decreto prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines políticos, propagandísticos o electorales, así como su uso como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores. Además, subraya que el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas exige condiciones estrictas, entre ellas la justificación para la selección de medios.
Participación Ciudadana solicitó formalmente a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) transparencia plena, incluyendo la publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025, junto con un desglose detallado de montos, medios beneficiados, objetivos institucionales y criterios técnicos de selección. Asimismo, la entidad pidió justificaciones de cada contratación conforme a lo establecido en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos.
La organización también alertó que el aumento desmedido del gasto publicitario en años electorales genera preocupación ciudadana debido a sus impactos negativos sobre la democracia. Por ello, Participación Ciudadana propuso acciones concretas como:
Realizar una auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
Aplicar estrictamente el Decreto 1-24 y el Manual de Contrataciones Públicas, con sanciones a los incumplimientos.
Crear un sistema permanente de monitoreo ciudadano que garantice el uso ético de estos recursos.
Establecer regulaciones vinculantes que limiten el gasto publicitario en años electorales.
Finalmente, la entidad insistió en que la transparencia y la rendición de cuentas son claves para fortalecer la democracia y el uso responsable de los fondos públicos.
