Escandalosos casos de corrupción administrativa y nepotismo estremecieron el Gobierno del presidente Leonel Fernández durante el año 2009, dentro de los cuales, incluso, bailó el Congreso Nacional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Sin embargo, fueron contados y de escasa influencia los funcionarios destituidos o sometidos a procesos judiciales por verse envueltos en los escándalos surgidos en estos 12 meses del 2009.
Entre los pocos casos de denuncias de corrupción en los que el gobierno dominicano tomó acciones figuran el de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), cuyo director, Franklin Beltré, fue apartado de su cargo.
También fueron sacados del tren gubernamental por casos de corrupción los ingenieros Marcos Lara, del Programa de Reducción de Apagones (PRA) y Radhamés Segura, director ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE).
Igualmente, el capitán del Ejército José Antonio Ángulo Batista, asistente del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, fue apresado por falsificar cheques, y el ex síndico de Constanza, José Elías Quezada Ortiz, fue sometido ante los tribunales por la supuesta malversación de RD$5 millones.
Además, una auditoría de la Cámara de Cuentas destapó la rampante corrupción en el Ayuntamiento de Villa Altagracia, las irregularidades superaron los RD$100 millones. El DPCA lo sometió por ante los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal.
El más reciente caso de corrupción administrativa involucra al asistente personal del presidente Fernández, señor Danilo Pérez, dueño de la empresa fantasma Río Blanco; y que está siendo beneficiada con la gran parte de las importaciones de habichuelas.
La mayoría de las ventas de Río Blanco son a empresas del Estado y todos los ejecutivos y empleados son parientes de Danilo Pérez, quien también es miembro de la Comisión oficial encargada de facilitar esas importaciones.
Por esa competencia desleal, la compañía Granos Nacionales depositó en el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo una demanda por daños y perjuicios en contra de Salvador Jiménez, Luis Manuel Bonetti, José Ramón Fadul, Melanio Paredes y Francisco Javier García.
El Senado fue escenario varios escándalos este año, uno de ellos, cuando se dio a conocer una nómina particular de senadores que reflejaba la práctica de nepotismo, siendo el elemento más alarmante que muchas de esas personas seguían en nómina después de muertas.
La periodista Alicia Ortega, a través de su programa “El Informe”, puso al descubierto las nóminas particulares de RD$17.3 millones mensualmente llenas de familiares que abarcan desde hijos, esposas, cuñados, padres, tíos, primos y otros.
El otro escándalo en el Congreso Nacional, fue la manera irregular como en el Senado se ordenaron cheques por RD$7.0 millones para la compra de útiles escolares que serían repartidos por los senadores en sus respectivas comunidades.
Todavía se desconoce quién ordenó la licitación donde se eligieron siete empresas de un mismo dueño para participar y, luego de la adquisición del material, se ordenó la suspensión de unos cheques.
El Senado pagó a cada compañía unos 2,360.000.00 (dos millones trescientos sesenta mil pesos); en dos pagos de 1,121.000.00 (un millón ciento veintiún mil pesos). Esto incluye la retención del 5%.
Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) denunció clientelismo y corrupción en la UASD. Señala que 323, que representa el 71% de 455 nuevos empleados en la nómina general de pagos de la academia, no tenían registradas sus cédulas o estaban asignados como número 000-0000000-0, o más bien tiene la misma cédula.
Adocco reveló que la UASD incrementó su nómina en 41 millones 855 mil 760 pesos con 17 centavos mensuales en los últimos 18 meses de la gestión de Franklin García Fermín.
En marzo del 2009, el DPCA anunció que estaba investigando un total de diez denuncias que incluían supuestas irregularidades en instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Lotería Nacional y el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese).
También se habló de la existencia de supuestos actos de corrupción en torno a obras de infraestructura, como la remodelación de la Catedral de San Juan, a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores, que dirige Félix Bautista.
A Segura le costó el cargo el uso indebido de fondos públicos y de nepotismo. Por su parte, el pastor Lara designó en el PRA más de 100 personas con exorbitantes salarios, en puestos para los que no estaban preparados profesionalmente y escogidos entre familiares y feligreses de su iglesia.
Este año 2009, se conoció los términos de un conflictivo contrato grado a grado que paralizó el boulevard Turístico del Este, y que el actual secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, suspendió el original con Perco S.A. para entregárselo a Constructora JM, S.A.
La obra cayó en manos de Constructora JM bajo la modalidad grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de alrededor de 1,600 millones de pesos.
Asimismo, en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se destapó un festival de vacaciones cobradas por el entonces director, Enrique Martínez, y altos funcionarios de esa dependencia. Al igual se cancelaron para simplemente cobrar las prestaciones laborales, y nuevamente nombrarse en los mismos puestos.
En tanto que un número de personas residentes en Estados Unidos figuraban en las nóminas del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), dependencia del Banco Agrícola.
Esa práctica de llenar las nóminas de instituciones públicas y descentralizadas de personas residentes en el exterior ya es algo normal en el país. Investigaciones realizadas por DominicanosHoy.com revelaron lo mismo sucede en hospitales del Estado.
