Los dominicanos terminan un 2009 de largos y tediosos apagones, fruto de un sector afectado por deudas con los generadores y comerciales, protestas a nivel nacional por las interrupciones eléctricas, que hasta dejaron muertes, y escándalos de corrupción en la unidad central.
Las deudas de las autoridades con las generadoras de electricidad llegaron a superar los 500 millones de dólares y hasta seis meses de atrasos, y las comerciales fueron mayores a los mil millones de dólares.
Asimismo, se presentaron decenas de proyectos sin dirección y que finalmente se engavetaron. También el sector energético dominicano sintió en el 2009 la falta de definición y el incumplimiento de la Ley General de Electricidad.
Personal en exceso y derroche de recursos en la Unidad Central de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en las distribuidoras y en la Unidad de Electrificación Rural.
La situación del sector eléctrico fue tan difícil que hasta la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) le cerró el crédito a la CDEEE, el 31 de Julio, y solamente en septiembre hubo dos apagones generales (black-out), con horas de diferencia entre uno y otro.
El primero de los apagones generales provocó el apresamiento de 10 personas ligadas al sector, reuniones urgentes y aclaraciones de las generadoras. Durante el 2009 tampoco faltaron las promesas oficiales de soluciones definitivas del problema eléctrico.
En el año que recién finaliza hubo muchas reuniones del presidente Leonel Fernández con su equipo eléctrico y con organismos internacionales, preocupados por la situación del sector, pero de ninguno salieron medidas satisfactorias.
En agosto, el presidente Fernández quitó de la CDEEE al ingeniero Radhamés Segura por acusaciones de supuestos actos de prevaricación, malversación de fondos y nepotismo, y en su lugar nombró al empresario Celso Marranzini. También este año la corrupción hizo desaparecer al PRA.
Además, el gobierno dominicano contrajo una serie de compromisos relacionados con el sector eléctrico dentro del acuerdo Stand Bay con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que fijó el subsidio para el 2010 en 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Asimismo, el Estado adquirió la totalidad de las acciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), luego de un proceso de demanda por US$680 millones que inició en el 2007 la compañía The Trust Company of The West (TCW) por una supuesta violación de contratos.
A principios de agosto, una comisión del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunió con el presidente Fernández y le prometió que en dos meses tendrían las recomendaciones para resolver el problema energético del país en dos años.
Entre los problemas que presentó el sector este año, según el BM está la deficiente gestión comercial de las distribuidoras, alto nivel de pérdidas (30% de la energía entregada al sistema no se factura) y bajo nivel de cobranza de los montos facturados.
También tarifas congeladas desde mediados del 2006 no cubren costos actuales, subsidios no focalizados, implementación incompleta de la institucionalidad sectorial y deficiencias en la planificación del sector. Asimismo, el BM dijo que el mantenimiento del esquema del sector eléctrico hizo insostenible las finanzas públicas.
Las generadoras AES Dominicana, AES Andrés, Itabo y DPP comenzaron en mayo procesos de embargo en contra de las distribuidoras de electricidad, en reclamo de una deuda corriente por energía servida ascendente a US$148 millones, pero luego desistieron por llegar a un acuerdo.
En septiembre, el presidente de la empresa AES Dominicana, Marco de la Rosa, afirmó que los apagones que azotaron meses antes el país debían a razones estrictamente financieras, justificando así la salida de servicio de muchas plantas.
El Gobierno en noviembre destinó al sector eléctrico una tercera parte del primer desembolso del acuerdo con el FMI, con un abono de US$100 millones a la deuda con los generadores, pero los apagones siguieron, sin distinción de sectores ni barrios.
Los apagones de 18 y 20 horas generaron violentas protestas en todo el país, resultando varias personas muertas, heridos, detenidos y centenares de contadores destruidos en pueblos del interior.
Esas interrupciones en la energía durante el 2009 causaron serios problemas a los hogares dominicanos, sectores productivos, comercio, universidades y toda la vida nacional.
Los apagones originaron un decrecimiento de un 25% en las ventas en los colmados o pulperías, y llevó a la quiebra a miles de establecimientos comerciales.
En este 2009, por enésima vez, el sector eléctrico dominicano estuvo al borde del colapso total, pese a que sus autoridades se esforzaron afanosamente en convencer de lo contrario a la población.
