El jurista Julio Cury señaló que la dilación en que ha incurrido el Ministerio Público para presentar su acto conclusivo es sintomática de la carencia de elementos probatorios que comprometan la responsabilidad penal de uno o varios imputados.
Dijo que eso debe movernos a reflexión. ¿Era necesaria y proporcional la prisión preventiva impuesta sobre los que no convinieron acuerdos de oportunidad con el Ministerio Público? Desde luego que no.
Aseguró que algunos jueces del sistema son papel carbón de las solicitudes del Ministerio Público.
Indicó que esos retardos deben motivar la modificación del artículo 151 del Código Procesal Penal, de manera que la acción penal se extinga, ipso facto, una vez vencido el plazo de ley para la presentación del acto conclusivo.
Sostuvo que es contrario a los principios de razonabilidad e igualdad procesal que el MP goce del privilegio de tener que ser intimado por el juez a cumplir con su deber.
El Ministerio Público no presentó acto conclusivo de la investigación que lleva a cabo a los vinculados en el caso Calamar en los 12 meses que han transcurrido del inicio de la investigación.
La acusación debió ser presentada ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los imputados en el expediente de supuesto actos de corrupción el pasado lunes 18, de marzo, cuando cumplió un año de que se les impuso medida de coerción a los implicados.
En esa ocasión, dictaron prisión preventiva a los encartados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, y arresto domiciliario a Gonzalo Castillo.
El plazo de los 4 meses de prórroga para presentar acusación, después de transcurrir 8 meses, tras la investigación que realiza el Ministerio Público como establece en el Código Procesal Penal.
La magistrada Franchesca Potentini, designada como juez control, tendrá que intimar al Ministerio Público para que en un plazo de diez días presenten acusación contra los encartados en el proceso.
La magistrada Potentini fue designada para conocer las peticiones de las partes del proceso Calamar, incluyendo la solicitud de prórroga realizada por el Ministerio Público, donde pide una ampliación de los plazos de cuatro meses para terminar con la formulación de la acusación.
